Uruguay afronta este jueves una huelga de 24 horas convocada por la central sindical del país, el PIT-CNT, en una jornada que, pese al paro de actividades, muestra movilidad en las calles, comercios abiertos y transporte público en funcionamiento.
«Paramos para que la crisis la deje de pagar el pueblo», fue el mensaje que el PIT-CNT dejó en sus afiches para referirse a la jornada de este jueves.
En concreto, el paro de actividades se da en protesta por la crisis social que vive el país, por lo que los sindicalistas exigen más trabajo y mejores salarios. La principal protesta de la jornada será una caravana de automóviles que se manifestarán por varias avenidas de Montevideo hasta concluir en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva.
Asimismo, la jornada también tiene como objetivo la recolección de firmas para llamar a un referéndum para intentar derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Gobierno de Luis Lacalle Pou aprobado en 2020.
Para ello, los representantes sindicales montaron puestos de recolección de firmas por todo el país, ya que son necesarias 700.000 antes del 9 de julio -cuando se cumple un año de su promulgación en el Parlamento- para que se considere la celebración de una consulta popular sobre ella.
Florencia Tort, una de las militantes que junta firmas en un puesto de la avenida del Libertador de la capital uruguaya, cuenta a Efe que empezaron la tarea desde temprano y que estar en una zona tan transitada de la ciudad le ha ayudado a reunir adhesiones.
«Queremos llegar a cumplir el objetivo y, más allá de lo que nos preguntan, el objetivo es juntar la mayor cantidad de firmas posible día a día», enfatiza.
Mari González, otra de las que tiene montado un puesto de recolección, explica a Efe que varios sindicatos han puesto transporte para llegar a zonas alejadas de la capital y así conseguir firmas en varios barrios.
Uno de los mayores temores de la jornada era la posibilidad de que el paro afectara la vacunación masiva contra la covid-19; sin embargo, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado en el que asegura que los servicios esenciales, como el de la vacunación, no se verán perjudicados. EFE
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