Los colectivos LGBTI de Uruguay llaman, con vistas a una nueva Marcha por la Diversidad, que tendrá lugar el viernes 25, a defender los derechos conquistados y reivindicar el orgullo con consignas virtuales y el recorrido por una avenida más amplia para evitar aglomeraciones.
Bajo la consigna «Orgullo es luchar», la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Uruguay, que nuclea a 19 colectivos sociales del país, convoca a una nueva movilización en Montevideo, según explicó este miércoles a Efe su portavoz, Nahia Mauri.
«Marcamos esto del orgullo porque es un posicionamiento político, es no tener vergüenza y dejar el miedo a eso que somos, esa vergüenza que nos quiere imponer bajo la piel este sistema de heterosexualidad obligatoria, de profunda desigualdad y discriminación», expresó Mauri.
Según la vocera, la movilización, considerada una de las más importantes del país por su carácter popular y masivo -que este año cambiará su recorrido de la avenida 18 de julio a la avenida del Libertador por ser más ancha y permitir mayor distanciamiento-, busca respetar todas las precauciones sanitarias.
En ese sentido, tanto para la marcha como para la feria artesanal previa que se instalará el jueves se pide uso de mascarilla y respetar las medidas de higiene necesarias.
Además, apunta Mauri, no habrá espectáculos y solo al final del recorrido se llevará a cabo una lectura de las reivindicaciones.
«La idea es que sí sea una convocatoria amplia, que la gente se sume y pueda participar teniendo en cuenta las medidas de prevención necesarias pero también quienes consideren que prefieren acompañar desde sus casas pueden seguir las transmisiones en vivo que vamos a estar realizando por redes sociales», puntualizó.
En cuanto a la plataforma reivindicativa de la marcha, la vocera indica que es firme su rechazo a la Ley de Urgente Consideración aprobada por el Parlamento en julio pasado por considerarla «muy regresiva».
Mauri expresa que la ley, proyecto estrella del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou y que abarca 476 artículos referentes a áreas como seguridad, educación y economía, habilita un clima de abusos policiales y «violencia institucional» que afecta primero a los más vulnerables y no atiende la crisis social posterior a la pandemia.
Por otro lado, los colectivos denuncian un déficit en la implementación de la Ley Integral para Personas Tras aprobada en octubre de 2018 por el último gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio (2015-2020) ya que, según la portavoz, aún no se han puesto en práctica muchas medidas previstas en la normativa.
EFE
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