Por Gabriel Gabbiani
Una auditoría interna realizada en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con el fin de determinar si hubo o no irregularidades en las administraciones pasadas, constató varias de ellas en el manejo de fondos de la cartera.
Las pesquisas comenzaron a realizarse en tres áreas de la mencionada Secretaría de Estado, pero la situación que más preocupa es la relacionada con los refugios, ya que en menos de una semana la investigación arrojó un desvío de fondos cercano a los casi $ 10 millones.
La suma responde al impago de alquileres de 18 de los 35 refugios administrados por distintas organizaciones no gubernamentales (ONGs), por un lapso de 15 meses, pese a haber recibido los fondos del MIDES, según informó Nicolás Martinelli, director General de Secretaría del MIDES. Éste les da a las ONGs y cooperativas que atienden refugios el dinero necesario para el pago del alquiler del edificio y para los gastos de funcionamiento (incluyendo salarios). Pero 18 organizaciones no efectivizaron el pago a los propietarios de las viviendas alquiladas, aunque éstos no se quejaban del impago porque cobraban igual, ya que como el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) es la garantía del alquiler, debía abonar la cuota a los propietarios, por lo que éstos recibían su dinero y no reclamaban.
Según Martinelli, se estaría así ante una «maniobra de apariencia delictiva», ya que «a priori podría haber una apropiación indebida o una estafa”. No obstante, antes de ir a la Justicia Penal, los auditores quieren reunir pruebas suficientes para hacer la denuncia.
Pero hay aún más argumentos para justificar ese déficit.
Uno de ellos es una deuda de $ 4 millones por concepto de multas por incumplimiento del programa Uruguay Trabaja con el Banco de Previsión Social (BPS), ya que el MIDES dejó de pagar las inscripciones de obras al organismo previsional.
Otra son los escasos controles del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) de más de 28 inmuebles que fueron donados al MIDES, y de los cuales sólo se utilizan 3, en tanto otros están usurpados o arrendados, desconociéndose en este último caso en qué condiciones lo fueron y qué destino tiene el dinero de los arrendamientos.
El MIDES es el primer ministerio en ser pesquisado, cuando sus autoridades dispusieron hace pocos días la puesta en marcha de la Unidad de Auditoría, creada por decreto en 2013 pero que no había funcionado hasta la fecha porque nunca fue dotada con recursos.
De la administración del FA, el MIDES «heredó» más de 40 programas sociales por los que paga anualmente más de $ 1.000 millones. Por ello, la auditoría incluirá la “reformulación de los procesos internos”, ya que hoy la cartera tiene 56 de ellos y los mismos “son lentos, burocráticos y poco controlados”, explicó Martinelli. Además de la eventual desviación de fondos y de violaciones a la ley, esa complejidad de procedimientos y de “programas y programitas”, al decir del titular del MIDES, Pablo Bartol, es lo que más preocupa a las autoridades.
Asimismo, la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que hace tres años no realiza inspecciones al MIDES, en poco más de 10 días comenzará a colaborar revisando los más de 500 vínculos con diversas organizaciones de la dependencia a la que rinden cuentas las ONGs y las cooperativas.
El MIDES tiene profusas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) por ejecutar gastos sin respaldo legal, compras directas cuando correspondía hacer licitaciones, y adjudicaciones no justificadas a empresas o cooperativas. De hecho, es el ministerio que ha recibido más dictámenes contrarios a sus actuaciones contables, situación que tendrá como consecuencia la integración en breve de una Comisión Investigadora en el Parlamento Nacional.
Habitualmente el TCR reitera sus observaciones, pero como no son vinculantes (o sea que el organismo observado no está obligado a corregir sus faltas), durante la administración pasada el MIDES reincidía provocando alteración en los controles y falta de transparencia en varias contrataciones, todo lo cual podría derivar en presuntos casos de corrupción.
Mucho nos alegramos que estas situaciones comiencen a investigarse y a develarse, teniendo siempre presente que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, toda vez que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Los funcionarios estatales, cualquiera sea su identificación política en lo personal, están inhibidos de hacer un uso indebido de la función pública para conseguir una ventaja económica para sí o para otra persona. Por el contrario, además de idoneidad, capacitación y el deber de conocer y de dar cumplimiento a las normas, se les exige probidad, respeto, buena fe, lealtad, imparcialidad, rectitud y actuar con transparencia en el cumplimiento de su función.
Por tanto, si se trasladan denuncias ante la Justicia y tras las investigaciones de rigor el Poder Judicial confirma que actuaron ateniéndose a lo señalado, y exime de responsabilidades a las anteriores autoridades del MIDES, no habrá más que hablar. Será un tema saldado.
Pero si se comprueba que existieron quebrantamientos a la ley, y se identifica a quienes eventualmente hubieran malversado el dinero de los contribuyentes con cualquier modalidad de corrupción, deberán asumir su responsabilidad, estar a lo que la Justicia dictamine y asimilar la pena que ésta, como representante de la sociedad, les imponga.
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