El juez federal argentino Alejo Ramos Padilla, que investiga presuntas extorsiones realizadas por el fiscal encargado de una de las principales causas de corrupción que afectan al kirchnerismo, aseguró este miércoles que existe «una red de espionaje político y judicial de magnitud».
Citado por la oposición kirchnerista, el magistrado expuso, durante cinco horas, en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados ante diversos legisladores y sin la presencia de miembros del oficialismo, que no fueron porque consideraron que se pretende mostrar «un espectáculo en el ámbito político».
El objetivo era que Ramos Padilla, encargado del juzgado federal de la localidad bonaerense de Dolores, diera detalles de la investigación sobre las operaciones de espionaje ilegal de las que se acusa al presunto abogado Marcelo D’Alessio, procesado con prisión preventiva desde finales de febrero pasado.
El empresario Pedro Echebest había denunciado que este lo extorsionó indicando que lo hacía en nombre del fiscal Carlos Stoenelli y que le reclamó 300.000 dólares para evitar que quedara involucrado en un caso de presuntos sobornos de poderosos empresarios a ex altos cargos del kirchnerismo, en el que también está procesada la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
Ese fiscal, que ya está siendo investigado por Ramos Padilla, niega tajantemente las acusaciones, que cree que se trata de una operación para manchar la conocida como «causa de los cuadernos», y no acudió ante el juez cuando lo llamó a declarar.
«Estamos investigando una red de espionaje político y judicial de magnitud», remarcó este miércoles el juez en la comisión, y mostró audios y documentos que tendrían relación con ese supuesto entramado, según informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
Además, denunció que D’Alessio intentó frenar un registro judicial invocando a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y consideró que la causa «puede perjudicar las relaciones con EE.UU., Israel, Venezuela y Uruguay, porque esta red de espionaje tuvo injerencia en casos que involucran a estos países».
«El Estado no puede valerse del espionaje ilegal para producir pruebas. Cuando se cae en espionaje político e ideológico se afecta gravísimamente el Estado de Derecho», alertó el magistrado, convencido de que se está hablando «de una organización paraestatal con vinculaciones de todo tipo».
Ramos Padilla señaló que entre los documentos incautados en un registro a D’Alessio había una carpeta que apunta a un supuesto espionaje realizado al periodista Alejandro Fantino, y le pidió a la Comisión «analizar cómo proteger a los periodistas».
«No es posible que se hagan informes acerca de sus ideologías, sus reuniones y sus relaciones políticas», subrayó, e insistió en que «hay muchísima prueba de que se puede ver afectado el funcionamiento de la Justicia en causas de enorme relevancia institucional».
«El Congreso tiene que tomar cartas en el asunto, todos los representantes deben asumir este compromiso», concluyó el juez de Dolores.
En el auto de procesamiento de D’Alessio, Ramos Padilla ya indicó que «con anuencia» de Stornelli se llevaron adelante «operaciones de inteligencia y de acción psicológica» para el «éxito» de sus investigaciones judiciales, y aunque señaló que es «probable» que Stornelli «no esté vinculado al reclamo dinerario» a Etchebest, «aparecen muchos elementos» que lo vinculan con hechos de extorsión.
El dictamen también remarcaba que Stornelli consideraba a D’Alessio «un servicio de inteligencia de los Estados Unidos» y le pedía información, le solicitaba «investigaciones paralelas» o «extraoficiales» y hasta «operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban».
El kirchnerista Leopoldo Moreau, titular de la Comisión de Libertad de Expresión, opinó que la presencia del juez se debió a la «aparición de tareas de inteligencia, contrainteligencia y espionaje sobre periodistas que ejercen su labor y se ven hostigados, limitados y coaccionados».
Los diputados del oficialista Cambiemos no acudieron a la reunión argumentando, en un comunicado, que se trató de «una puesta en escena».
«Si hay periodistas u organizaciones preocupadas legítimamente por este tema, lo lógico sería convocarlos a ellos», afirmaron, y enfatizaron que «si se pretende mostrar un espectáculo en el ámbito político», no contarán con su participación.
El 27 de febrero, en medio de la polémica, Cristina Fernández, actual senadora, denunció en una sesión de la Cámara Alta que su país se encuentra ante un «sistema muy perverso de extrema gravedad constitucional e institucional» por la existencia de funcionarios judiciales que «extorsionan a la gente». (EFE)
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