Mañana se publicará el decreto que modificará la Ley de Migraciones en la República Argentina.
Según informa La Nación el objetivo del mismo es acortar los tiempos para definir la expulsión de extranjeros con antecedentes penales, procesos que antes duraban entre seis y siete años.
El decreto establece una «regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas».
Será impedimento para establecerse en el territorio argentino «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más».
El decreto incorpora también como causales de impedimento de ingreso al país omitir que se tiene antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, trafico de órganos (aunque no haya condena). Además, establece que «sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión».
Los voceros destacaron que las residencias que están en trámite deberán ajustarse a la normativa y cumplir con los nuevos requisitos. «Vamos a ser más exigentes, lo que por otra parte sólo es asimilar el sistema a lo que hacen otros países», señaló una fuente, informa La Nación.
