El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, firmaron el acuerdo por salarios reclamados desde diciembre de 2012 con la Suprema Corte de Justicia y los magistrados. El Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento el proyecto de Ley que destinará los créditos al pago de las partidas acordadas.
“El acuerdo abarca los salarios reclamados desde diciembre de 2012 hasta el 2016, para lo que se otorgará una partida equivalente a un aumento del 10 % del salario –a lo cual habrá que descontarle algunos aumentos que ya se habían otorgado a cuenta–“, explicó el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.
“Hacia adelante se estaría llegando a un acuerdo que implica un aumento del 14 %, una parte del cual ya fue otorgada –un 7,66 %– y se darán aumentos hasta llegar a esa cifra en dos etapas, el 1° de enero de 2017 y al 1° de enero de 2018, lo que permitirá poder cumplir con el acuerdo de manera paulatina, lo cual se acompasa con las posibilidades fiscales del Poder Ejecutivo”, subrayó Ferreri.
En los próximos días se enviará un proyecto de ley al Parlamento para que habilite los créditos destinados al pago de estas partidas que tendrán fecha de vigencia, en algunos de los casos, el 1° de enero de 2017.
El acuerdo con los magistrados implica unos 9,5 millones de dólares para equilibrar los pagos hacia atrás y luego un incremento salarial que tendrá un costo de aproximadamente 2,5 millones de dólares por año. En los próximos días seguirán las negociaciones para integrar a los otros colectivos al acuerdo.
En la firma del acuerdo participaron, además del subsecretario Ferreri, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, representantes de la Suprema Corte de Justicia y de la gremial de magistrados.
Los funcionarios Judiciales
A nivel de la AFJU (Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay), lo acordado fue rechazar la propuesta del Poder Judicial que se alejaba del 26% al ofrecer solo un 2% pero si reconociendo la deuda generada que aún el Estado no cumplió con esa sentencia que les resultó favorable a los trabajadores.
Los funcionarios no quieren negociar lo que la Sentencia les otorgó. Todo parece indicar que se avecina un conflicto importante en los judiciales
