«Los precios que teníamos con Venezuela nunca lo vamos a lograr con otro país», decían -cuando le realizábamos entrevistas- a muchos de quienes realizaban negocios millonarios con ese país. Esa es parte de la trama que quiere investigar en el Parlamento la oposición.
El negocio de vender a Venezuela
Uno de los aspectos llamativos es la existencia de sobreprecios pagados por los productos exportados tanto en la proporción comparados con los precios de mercado internacional de hasta un 60%, como en sus montos totales, cuya cuantía puede estimarse en más de 100 millones de dólares.
La Comisión Pre investigadora sesionó con fecha 25 de octubre, recibiendo al Representante Jaime Trobo (Partido Nacional), quién ratificó su moción de solicitar la investigación de irregularidades vinculadas a la actividad del Estado en relación a negocios realizados por empresas uruguayas privadas con empresas estatales venezolanas entre el 2005 y el 2015.
El Diputado denunciante Jaime Trobo aportó en ese acto prueba documental que acreditaba la donación de una de las empresas (Aire Fresco S.A.) al sector político MPP (Movimiento de Participación Popular) cuyos principales representantes estuvieron cerca e incidiendo en las decisiones que finalmente la beneficiaron (según surge del contenido de la denuncia) Cabe recordar que los acuerdos bilaterales del 2010 y 2011 fueron firmados por el Presidente José Mujica y el Ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro ambos con notoria vinculación con dicho sector político.
Las empresas compañeras
Trobo explica que uno de los elementos sospechosos es » la constatación de abultados sobreprecios que alcanzan porcentajes de hasta el 70 % por encima de los promedios del mercado.» El diputado dice que las operativas constatadas » también oculta un entramado ilegal de favores gubernamentales a través de preferencias en la concesión de licencias y ventajas cambiarias, a la vez que confiere la llave del negocio a determinadas empresas intermediarias, en un juego combinado que permiten un pago injustificado de sobreprecios, que además de impulsar fuertes corrientes de negocios – Uruguay pasó a exportar varias veces más de lo habitual-, termina siendo un caldo de cultivo para generar casos de corrupción y lavado de activos, tanto dentro como fuera de fronteras.»
Los viajes a Venezuela
En los viajes a Venezuela participaron empresas privadas y gobierno e incluso presentaron «los logros» en Presidencia de la República, el diputado Trobo quiere saber : ¿Quién designo a estas empresas para que firmaran como contraparte de empresas estatales venezolanas?
¿Qué procedimiento se llevaron adelantes para seleccionarlas? ¿En qué ámbito de la administración de nuestro país se elaboraron los textos de los acuerdos, convenios o actas que se firmaron?
¿Qué autoridad asume la responsabilidad de haber determinado que estas empresas firmaron los documentos y por qué razón lo hicieron? Son interrogantes que surgen a primera vista. Su respuesta supone un imperativo para que se conozca realmente si se cumplió con las normas de actuación pública que ofrezcan transparencia y si han existido intereses que se han beneficiado de decisiones de gobierno tomadas con arbitrariedad. Indudablemente también es materia de una investigadora, dice el informe presentado en el Parlamento.
Gobernantes y empresarios
La investigación está promovida por“el vínculo notorio de personas y empresas, con sectores políticos integrados por altas jerarquías de gobierno, a quienes se concedió por parte de las autoridades uruguayas, una posición preferente, y en algunos casos exclusiva, para realizar o impulsar negocios con entidades estatales monopólicas de Venezuela”, todo lo cual da mérito suficiente para realizar una investigación parlamentaria.
Uno de los aspectos que une toda esta trama entre empresas y gobierno es la constatación de «irregularidades referidas a los préstamos concedidos por el FONDES a empresas que desarrollarían – en condiciones inusuales- gran parte de sus negocios en el marco de los acuerdos con Venezuela,» explica el diputado.
Amigos políticos
Jaime Trobo advierte que «la seriedad de la denuncia se confirma al analizar fechas y contenidos de los acuerdos marco bilaterales, que se relacionan y combinan de tal manera, que conducen a sospechar con fundamento que estaban diseñados para ser ejecutados para privilegiar empresas privadas uruguayas allegadas a círculos políticos del gobierno.»
