El nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos firmado este miércoles por Uruguay y Argentina elimina restricciones operativas y amplía las posibilidades para que las compañías definan rutas, frecuencias y capacidad de acuerdo con criterios comerciales. La medida profundiza la política de cielos abiertos que ambos países vienen impulsando. Uruguay ya había establecido en 2025 la apertura de los derechos de tráfico aéreo, manteniendo la vigencia de los acuerdos internacionales.
El cambio central está en la flexibilidad. Las aerolíneas tendrán mayor margen para aumentar frecuencias, incorporar destinos y celebrar acuerdos de código compartido. Esto puede facilitar conexiones no solamente entre Uruguay y Argentina, sino también hacia otros mercados mediante combinaciones entre compañías.
Para los pasajeros, el acuerdo crea condiciones para una mayor oferta y competencia, aunque no garantiza por sí mismo más vuelos ni tarifas más bajas. La apertura regulatoria habilita operaciones; la decisión de concretarlas dependerá de la demanda, los costos, la disponibilidad de aeronaves y la estrategia comercial de cada empresa.
Ese es también el principal interrogante. El comunicado oficial no identifica nuevas rutas, compañías interesadas, frecuencias adicionales ni fechas para su implementación. Tampoco permite determinar todavía qué impacto tendrá fuera de Montevideo, particularmente en los aeropuertos del interior.
La expectativa estará puesta ahora en la respuesta del mercado. La experiencia argentina muestra que su política de apertura estuvo acompañada por la autorización de nuevas rutas, pero ese resultado no puede trasladarse automáticamente al vínculo con Uruguay.
El acuerdo, en definitiva, amplía las herramientas regulatorias para mejorar la conectividad; su efecto concreto comenzará a medirse cuando las aerolíneas transformen esas posibilidades en nuevos servicios.
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