La discusión sobre ASSE vuelve al Parlamento con un punto que permanece abierto desde hace años: las ambulancias. No se trata únicamente de contratos, proveedores o expedientes observados. Detrás de cada traslado hay una obligación concreta del Estado: llegar a tiempo, con recursos adecuados y con reglas claras para administrar fondos públicos.
La Cámara de Representantes tiene a estudio una solicitud de comisión investigadora por presuntas irregularidades en ASSE desde 2015 hasta la actualidad, presentada por el diputado nacionalista Federico Casaretto. El planteo ingresó el 29 de abril de 2026 y figura en la ficha oficial del Parlamento como un proyecto de resolución para designar una investigadora.
El contexto político es conocido. Oficialismo y oposición coinciden en que ASSE debe ser investigada, aunque con énfasis distintos. La oposición busca revisar las gestiones de 2015 en adelante, incluida la actual administración de Álvaro Danza. El Frente Amplio, en cambio, ha puesto el foco en la gestión encabezada por Leonardo Cipriani y en las auditorías que derivaron en denuncias penales.
Pero el tema de fondo excede la pulseada partidaria. ASSE atiende a 1.460.000 usuarios y cuenta con 37.000 funcionarios, según datos difundidos por Presidencia al asumir el actual directorio. Esa escala convierte a los traslados en una pieza sensible del sistema: una ambulancia no es un gasto administrativo más, sino una condición de acceso a la atención, sobre todo en el interior y en situaciones de urgencia.
Un problema que viene de antes
Las ambulancias ya habían ocupado un lugar central en la investigadora de ASSE de 2017. En aquella instancia, la oposición señaló irregularidades y conflictos de interés en contrataciones de servicios de traslado en el interior. El Observador recordó que en esa comisión los entonces diputados Martín Lema y Eduardo Rubio lideraron actuaciones en las que se detectaron, entre otros asuntos, conflictos de interés en la contratación de ambulancias en el interior del país.
Los antecedentes muestran que el problema no se limita a una empresa ni a una administración. En informes divulgados en 2018 sobre la investigadora se mencionaron casos de contratación directa, observaciones del Tribunal de Cuentas, vínculos entre funcionarios de ASSE y empresas proveedoras, y situaciones de incompatibilidad en servicios de traslado en Soriano, Rosario, Treinta y Tres y otros centros asistenciales.
Ese dato es clave para la nota: las ambulancias siguen vigentes porque nunca fueron solo un caso. Fueron, y siguen siendo, una ventana hacia una dificultad mayor: cómo administra ASSE servicios esenciales cuando depende de proveedores externos, unidades ejecutoras dispersas y necesidades asistenciales que no esperan los tiempos de la burocracia.
La nueva etapa: SAME 105, ITHG y el Tribunal de Cuentas
El último capítulo volvió a poner el foco en los traslados. En abril de 2026, el directorio de ASSE resolvió denunciar penalmente al expresidente Leonardo Cipriani, a los integrantes de su directorio y a otros jerarcas, luego de una investigación administrativa sobre presuntas irregularidades en la gestión del SAME 105 entre 2022 y 2024. Entre los puntos señalados figuran contrataciones con la empresa de traslados ITHG, convenios con el Casmu y el Círculo Católico, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.
Según informó El Observador, la investigación administrativa indicó que ITHG recibió el 96,47% del gasto del SAME 105 y que no hubo procedimiento competitivo. También señaló la reiteración de observaciones del Tribunal de Cuentas y la eventual afectación de fondos públicos como elementos que motivaron la derivación del caso al ámbito penal.
El caso más gráfico es el de una ambulancia asignada a la cobertura de personas en situación de calle a disposición del Mides. De acuerdo con la investigación citada por El Observador, se pagaron unos 800.000 dólares en 2024 por un móvil que registraba una productividad de “un llamado cada dos días”, y funcionarios declararon que esos traslados no se controlaban.
El Tribunal de Cuentas ya había advertido problemas en 2024. Observó un convenio marco de ASSE para contratar servicios de ambulancia y resolvió enviar el caso a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía por indicios de prácticas anticompetitivas entre ITHG y JD&A, según informaron Búsqueda y El País. El País también consignó cuestionamientos a la falta de claridad del pliego, a controles insuficientes y a la argumentación de la comisión asesora de adjudicaciones.
¿Por qué sigue vigente?
El tema sigue vigente por tres razones. La primera es asistencial: en ASSE, el traslado puede definir si un usuario llega a tiempo a un CTI, a una consulta especializada o a una emergencia. En un país con servicios distribuidos de forma desigual, la ambulancia es parte de la red de atención, no un accesorio.
La segunda razón es administrativa. Los contratos de ambulancias muestran una tensión permanente entre urgencia y control. Cuando el servicio es indispensable, la compra directa puede aparecer como salida rápida. Pero cuando esa modalidad se vuelve regla, crecen los riesgos: falta de competencia, precios difíciles de comparar, pagos observados, controles débiles y dependencia de pocos proveedores.
La tercera razón es política. Cada gobierno hereda problemas, denuncia otros y defiende sus decisiones. La actual oposición sostiene que no se debe “judicializar la política” sin que antes actúe el Parlamento; el oficialismo entiende que las auditorías recientes justifican investigar la gestión anterior. En paralelo, el exdirectorio de ASSE rechazó las acusaciones, afirmó que su actuación estuvo ajustada a derecho y calificó la denuncia como un ataque político y personal.
Ese cruce obliga a una advertencia periodística: investigar no es condenar. Las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia. Las responsabilidades políticas y administrativas, en cambio, deben ser discutidas con documentos, actas, auditorías, informes del Tribunal de Cuentas, contratos, facturas y resultados asistenciales.
La pregunta que debería ordenar la investigadora
La comisión, si se instala, tendrá valor si logra salir de la lógica del pase de facturas. La pregunta no debería ser solo qué administración cometió más errores, sino qué cambió —o qué no cambió— para que las ambulancias vuelvan una y otra vez al centro de la escena.
Una investigación seria debería responder, al menos, cuatro preguntas: cómo se definieron los proveedores, qué controles se aplicaron antes de pagar, qué observaciones hizo el Tribunal de Cuentas y qué impacto tuvieron esos contratos en la atención de los usuarios. Sin esa información, la discusión corre el riesgo de quedar atrapada en nombres propios y no en el funcionamiento del sistema.
La política puede usar una ambulancia como símbolo de denuncia. Pero también puede verla como lo que es: una promesa básica del Estado. Cuando una ambulancia llega, no llega un gobierno; llega una institución. Y cuando esa institución falla en sus controles, lo que se deteriora no es solo una contratación, sino la confianza pública.
Por eso el tema sigue vigente. Porque cada contrato de traslado habla de algo más que de vehículos. Habla de cómo se gobierna la salud pública, de cómo se cuida el dinero de todos y de cómo se protege, en el momento más frágil, a quienes dependen de ASSE para llegar a tiempo.
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