Asunción, 17 dic (EFE).- Cuando hace un par de semanas cientos de campesinos chocaron contra miembros de la Policía en su intento por ingresar por la fuerza a una estancia en el norte de Paraguay, dejaron una instantánea que refleja una de las problemáticas más arraigadas en el país suramericano, donde pocos propietarios concentran la mayoría de la tierra cultivable.
Según el Censo Agropecuario de 2022, en Paraguay el 77 % de las tierras, o unos 23,4 millones de hectáreas, está concentrado en fincas mayores a 1.000 hectáreas.
«El problema de la tenencia de tierras es el problema central de la sociedad paraguaya. Hay muchos problemas, pero la tierra, como factor de producción y donde se desarrolla la vida, es demasiado relevante en la historia paraguaya hasta la actualidad, porque el país es esencialmente agropecuario», aseguró a EFE el economista e investigador Luis Rojas.
La Federación Nacional Campesina (FNC) cifra en unos 300.000 los labriegos paraguayos que no tienen acceso a tierras.
Es un problema esencial que está emparejado con los grandes traumas del país, desde la perspectiva de Rojas.
El experto explicó que entre 1870 y 1910, cuando la nación se reponía de los estragos causados por la Guerra de la Triple Alianza -en la que Paraguay se enfrentó entre 1864 y 1870 a Brasil, Argentina y Uruguay-, se instauró localmente un modelo latifundista que concentró la tierra en grandes enclaves, con la mirada agroexportadora que aún mantiene la economía paraguaya.
Dictadura
Pero durante y después de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), el Estado reconoció el problema de la distribución de las tierras y se planteó una reforma agraria que incluso se contempla en la Constitución de 1992.
No obstante, «no se desconcentró la tierra por el poder de los latifundistas, de la gente vinculada a la política, al poder del Estado», explicó Rojas. «Este sector siempre se opuso a la redistribución, y entonces lo que se aplicaba beneficiaba mayormente a este sector terrateniente», agregó.
Según datos de este experto, cerca del 80 % de la tierra que se distribuyó durante el llamado ‘Stronato’ fue a parar a manos de personas cercanas al poder.
«Es lo que se conoce como tierras malhabidas, porque se entregó a gente que no calificaba como sujeto de la reforma agraria (…), el Estado fue alimentando nuevamente al sector terrateniente, con tierras y otros recursos como créditos y capital», agregó Rojas.
Al respecto, la ONG Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó el pasado 10 de diciembre que en el país está en marcha una «contrarreforma agraria» que, a su juicio, concentra la tierra en pocas manos y favorece a los dueños de grandes capitales y operadores del agronegocio.
«El Estado abandona su función redistributiva, criminaliza la protesta campesina y despliega políticas que agravan la pobreza rural y la exclusión de pueblos indígenas», describió Codehupy en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay en 2025.
Como ejemplo, los activistas apuntaron que cerca del 40 % de las 3,5 millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria está «en manos de actores ajenos al sector campesino», pese a que la Constitución establece como uno de sus objetivos «el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural».
El dato coincide con las apreciaciones de Rojas, quien afirmó a EFE que los campesinos paraguayos, históricamente, se han visto obligados a disputas agrias con el Estado para conseguir tierras.
Sin tierras y sin techos
Sin tierras, muchos campesinos paraguayos se han visto forzados a moverse a las ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades.
Pero al abandonar las zonas rurales cambiaron su lucha por la tierra por una lucha por techos dignos, a los que les es imposible acceder mientras se emplean en trabajos informales que les reportan bajos ingresos.
«Hay una expulsión rural, pero no hay un lugar donde puedan insertarse», agregó Rojas.
Con este panorama, miles se ven obligados a residir en los llamados ‘Bañados’, grandes cinturones de miseria que rodean la ciudad capital y donde son comunes los incendios atribuidos en ocasiones a las modestas construcciones o que suelen quedar bajo las aguas por las crecidas del río Paraguay.
Es por ello que Rojas insiste en que el país debe avanzar en una efectiva reforma agraria que dé solución a problemas tan diversos como la precariedad del empleo, la falta de alimentos, el desarraigo por la migración y el acceso a viviendas dignas.
«Es un gran error del Estado mantener a la población con políticas asistencialistas, con un subsidio, con un programa tipo almuerzo escolar, una transferencia, un asistencialismo en los niveles mínimos, lo ideal es incorporar a la población a actividades productivas y económicas», sentenció.
Ron González
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