En la conversación pública sobre seguridad, el presidente Yamandú Orsi introdujo un punto que resonó más allá de la agenda local. Durante una entrevista con Desayunos Búsqueda, afirmó que el proceso encabezado por Nayib Bukele en El Salvador constituye “un ejemplo para analizar” en materia de políticas de seguridad. La referencia —formulada sin calificaciones valorativas— situó a Uruguay en un debate que hoy ocupa a gobiernos, partidos y organismos internacionales: el equilibrio entre eficacia contra el crimen organizado y el resguardo de las libertades individuales.
Orsi se detuvo en un aspecto que, según dijo, históricamente generó resistencia en las fuerzas progresistas. “Antes a la izquierda le costaba hablar de seguridad. Hablaba de convivencia. Nos costó en Europa también. Teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias”, señaló. Y añadió que ese escenario ya cambió: “Lo dije en campaña: la seguridad es un derecho humano. La izquierda ya no tiene esa dificultad”.
La reflexión abrió paso a la mención central: “Es seguridad y es convivencia. Es un tema que hay que hablar. El ejemplo es Bukele, es El Salvador, es el ejemplo de un proceso”. El presidente no lo definió como modelo a seguir, pero lo colocó como referencia obligada en la discusión contemporánea.
El punto de fricción: eficacia interna, cuestionamientos externos
Bukele consolidó su poder tras una reelección en 2024 habilitada por una reforma exprés de la Constitución salvadoreña, que originalmente prohibía un nuevo mandato consecutivo. El resultado fue contundente: obtuvo el 85% de los votos. Desde el inicio de su gestión rige en el país un régimen de excepción que, por tres años, mantuvo suspendidos derechos fundamentales.
En ese marco, más de 89.000 personas fueron detenidas por presunta vinculación con las maras, el entramado de pandillas que durante décadas condicionó la vida cotidiana en El Salvador. La popularidad interna del régimen se apoya en la drástica caída de los homicidios y en la percepción de control estatal. Pero, en paralelo, organizaciones de derechos humanos sostienen que miles de detenidos no tienen ningún vínculo con estructuras criminales. Esa doble lectura —apoyo masivo y advertencias por restricciones a las libertades— es parte de lo que vuelve al caso salvadoreño un objeto de análisis global.
Procesos híbridos y referencias inesperadas
Orsi relató además un episodio reciente que, según dijo, ayuda a dimensionar la singularidad de esos procesos políticos. Contó que, durante un encuentro en La Paz, conversó con un integrante del círculo más cercano de Bukele. “Planteándome cuáles eran sus referentes históricos, su proceso personal, me dijo que su referente número uno era el ‘Bebe’ Sendic (Raúl Sendic Antonaccio). Es el referente de la mano derecha… son procesos raros que tienen esos países”, afirmó.
La mención —inusual por el cruce entre tradiciones políticas y contextos históricos tan distintos— aporta una capa más a un fenómeno cuya interpretación se disputa en América Latina, Estados Unidos y Europa. Desde distintos ángulos, el caso salvadoreño desafía las categorías tradicionales con las que la política intenta comprender las nuevas formas de autoridad, liderazgo y ejercicio del poder estatal.
Un debate que trasciende fronteras
Las palabras de Orsi se inscriben en una conversación más amplia: cómo los gobiernos democráticos navegan la demanda social por seguridad sin erosionar principios institucionales. Al referirse a Bukele como un “ejemplo para analizar”, el presidente uruguayo no propuso una imitación, sino una invitación a observar un fenómeno que, con sus contrastes, redefine los términos del debate público en la región.
En un escenario donde las sociedades exigen respuestas rápidas y eficaces frente al crimen, la discusión sobre los límites de la excepcionalidad —y sus costos— se vuelve inevitable. Lo que Orsi dejó planteado es que la izquierda, según su visión, ya no esquiva ese terreno. La pregunta que permanece abierta es cómo enfrentar ese desafío sin comprometer los pilares democráticos en los que se sostiene el sistema político uruguayo.
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