Montevideo, 24 oct (EFE).- El Gobierno uruguayo presentó este viernes ante la Justicia Penal una denuncia por posible fraude o estafa al Estado en la garantía ofrecida por el astillero español Cardama, con el que tiene un contrato para la adquisición de dos navíos, luego de comprobar que la empresa Eurocommerce, que debía ofrecer el aval, se encuentra en proceso de liquidación.
En el año 2023, el Gobierno que por entonces encabezaba Luis Lacalle Pou rubricó un contrato con Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas por 92 millones de dólares.
Días atrás, al vencerse el plazo de garantía de fiel cumplimiento, el actual mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, resolvió iniciar el proceso de ejecución de la garantía y dio instrucciones a su embajador en Reino Unido que presentara en las oficinas de Eurocommerce una notificación formal para que depositara el dinero de la garantía en una cuenta a nombre del Estado uruguayo.
Según se detalló hoy, en una rueda de prensa, en el domicilio registrado nunca funcionó dicha empresa, mientras que un estudio jurídico informó a Uruguay que Eurocommerce está «en proceso de liquidación».
«En vista de las situaciones que ya están planteadas y son de público conocimiento de que no tenemos una garantía, porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel, lo que cumplimos aquí es presentar una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado», puntualizó este viernes el secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez.
El funcionario añadió que cree que la Fiscalía convocará a quien presentó la garantía y a quienes en su momento la aceptaron, al hacer referencia a la empresa y a los funcionarios públicos que actuaron en el otorgamiento de dicho aval.
«Desde nuestro punto de vista es un profundo error de gestión haber aceptado esta garantía», subrayó Sánchez.
Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, detalló que en la denuncia no se tipificaron delitos sino que se relataron hechos.
«Evidentemente hay un delito de fraude o un delito de estafa. Eso lo calificará el fiscal. Pero hay un engaño al Estado. Acá hubo una actuación de parte de un grupo de personas tendiente a engañar al Estado, determinando que existía una garantía que cuando la fuimos a ejecutar resulta que no existe», sentenció.
El Gobierno de Uruguay anunció el miércoles pasado que rescindirá el contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías.
El presidente Orsi afirmó ese día, en una conferencia de prensa, que existen indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales.
Comentarios