El doctor Andrés Pérez denuncia el vaciamiento de la Caja de Profesionales y alerta por una reforma que, según afirma, castiga a los profesionales de entre 50 y 58 años con nuevas exigencias y menor jubilación. En esta entrevista en TQH de RadioLugares, señala responsabilidades políticas, reclama igualdad de trato con el resto de los trabajadores y plantea alternativas a la reforma.
Desde hace semanas, la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios genera controversia entre afiliados, jubilados y el sistema político. Una de las voces más activas en el debate es la del doctor Andrés Pérez, quien representa al colectivo de “cincuentones”, profesionales que aportan desde hace casi tres décadas y se sienten afectados por la transición acelerada que plantea la nueva normativa.
Pérez cuestiona la narrativa oficial sobre el supuesto colapso inmediato de la Caja, denuncia decisiones que han debilitado sus finanzas y reclama que se deje de “estigmatizar” a quienes, sostiene, han sido solidarios durante años con el resto del sistema previsional. A continuación, una entrevista con argumentos, cifras y advertencias que merecen ser escuchadas.
¿Es real que la Caja de Profesionales no tiene dinero para pagar jubilaciones?
—No. Esa es una falsedad que se está utilizando para infundir miedo. Por Constitución, el Estado está obligado a garantizar el pago de las jubilaciones. Es cierto que la Caja fue vaciada, pero eso no significa que mañana no se puedan pagar los haberes. Es un relato instalado para justificar una reforma injusta.
Usted afirma que hubo un vaciamiento deliberado. ¿Qué evidencia tiene?
—A la Caja se le retiraron 40 millones de dólares durante la dictadura, y 20 millones más en 1999 y 2000 para pagar asignaciones familiares a la población general. Desde 2008, además, todos los jubilados aportan al IAS, lo que ha significado una transferencia de más de 650 millones de dólares al BPS. El Estado no pone dinero: se lo lleva.
¿Qué efectos tiene esta situación para los profesionales de su generación?
—Somos los llamados cincuentones. Hemos aportado 26, 28 o más años y ahora nos exigen trabajar hasta cinco años más para poder jubilarnos, con una rebaja en la prestación. Nos están castigando por errores que no cometimos. Cumplimos nuestra parte. Ahora quieren cambiar las reglas con la carrera ya corrida.
¿Qué plantea la reforma que consideran injusto?
—Nos aplica una transición acelerada: en lugar de empezar con los nacidos en 1973, como en la ley general, empieza con los de 1967. Es decir, se adelanta seis años la exigencia de trabajar hasta los 65. A eso se suma un aumento del aporte que, en la práctica, representa un 24 % más para quienes están en las categorías superiores. Y además, nos reducen un 20 % la jubilación futura. Es un combo confiscatorio.
¿El Estado aporta algo hoy a la Caja Profesional?
—Nada. Nunca puso un peso. La Caja se ha financiado con nuestros aportes, los timbres profesionales y el rendimiento de inversiones. Pero como no se tomaron decisiones a tiempo, esas inversiones se liquidaron. Hoy solo quedan los aportes y los timbres, que también fueron recortados hace 20 años. El desfinanciamiento fue progresivo, no espontáneo.
¿Qué consecuencias puede tener esta reforma?
—Está minando la credibilidad del sistema. Muchos jóvenes se declaran en no ejercicio o congelan su categoría. Otros contratan seguros de retiro privados. En el interior, donde ejercer cuesta más, esto puede empujar al trabajo informal o a abandonar la profesión. Se castiga el esfuerzo y se desalienta la formalidad.
¿Qué reclaman como colectivo?
—Que se nos aplique la misma transición que al resto de la población bajo la ley 20.130. No pedimos privilegios, sino equidad. Y que se deje de estigmatizar al profesional liberal como privilegiado. La mayoría trabaja a pulmón, sin patrón, en un consultorio, esperando pacientes. No somos una casta.
¿Cuál sería una salida justa y viable?
—Que se devuelvan los recursos que nos quitaron. Solo con corregir el desfasaje de los timbres —que representa unos 100 millones de dólares anuales— la Caja volvería a tener superávit. A eso se suman los fondos del IAS. No pedimos subsidios: pedimos que dejen de sacar. Y que quienes han sido responsables rindan cuentas.
¿Barajan acciones legales si se aprueba la reforma?
—Sí. Si no se corrige la transición injusta, vamos a recurrir a la Justicia. Es un tema de derechos adquiridos. Ya trabajamos y aportamos. No pueden cambiar las condiciones a mitad de camino. Esta reforma no corrige errores: los profundiza.
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