Por Natalia Kidd
Buenos Aires, 20 mar (EFE).- Los glaciares en Argentina están en retroceso y bajo la amenaza de decenas de proyectos mineros, mientras que la protección de los campos de hielo se ve afectada por presupuestos y recursos humanos insuficientes.
De acuerdo a un inventario oficial hecho entre 2011 y 2018, ahora en actualización, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur. En total, cubren 8.484 kilómetros cuadrados.
En un informe presentado en diciembre pasado ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución.
El emblemático glaciar Perito Moreno -declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981- tuvo en los últimos siete años «un retroceso histórico, perdiendo en uno de sus frentes más de 700 metros», dijo a EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Rossi Serra apuntó que publicaciones científicas han dado cuenta de que los glaciares del tramo norte de los Andes argentinos se redujeron alrededor de un 8 % en los últimos diez años.
Ley pionera pero con deudas
Argentina aprobó en 2010 una ley de protección de glaciares pionera en Latinoamérica.
Según Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la implementación de la ley tuvo algunos avances, como la confección del inventario de glaciares, pero hay «deudas pendientes», como la puesta en marcha de políticas efectivas de protección de los glaciares articuladas entre el Gobierno nacional y las provincias.
Rossi Serra también posa su mirada sobre las tareas de control y monitoreo ordenadas por la ley, limitadas por la «falta de recursos financieros y de recursos humanos».
Con todo, Gómez destacó a EFE que la ley de protección de glaciares «está en vigencia, a pesar de los diferentes ataques e intentos de reforma que sufrió».
El último de estos embates fue el año pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei intentó reformar la norma para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, lo que no prosperó por los contundentes reclamos de los ambientalistas.
Glaciares bajo amenaza
Rossi Serra remarcó que los glaciares conservan el 70 % del agua dulce del planeta, cumplen un rol fundamental de regulación de los ciclos hídricos y hay muchas comunidades que dependen del agua de deshielo para el consumo humano, riego y generación de energía.
Su importancia es tal que, para hacer evidente su valor y el peligro que corren, Naciones Unidas declaró 2025 como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares y estableció que cada 21 de marzo se celebre el Día Mundial de los Glaciares.
La minería sobre ambientes glaciales representa una amenaza directa.
En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.
En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.
Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los dos últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 311.
«Uno de estos proyectos es la mina de oro y plata Veladero, en la provincia de San Juan, que está operativa a pesar de que se encuentra sobre ambiente periglacial. Otros son Josemaría (yacimiento de cobre, oro y plata, también en San Juan), que está en exploración avanzada y que podría afectar ambiente periglacial, y Mara (cobre, oro uy plata), en la provincia de Catamarca», señaló Gómez.
Otro núcleo de proyectos que preocupa a los ecologistas es el Malargüe Distrito Minero Occidental, en la provincia de Mendoza (oeste). Allí se aprobaron en noviembre pasado 34 proyectos mineros y en breve podrían avalarse otros 27. Apenas dos fueron rechazados por estar sobre glaciares.
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