Por Santiago Carbone
Montevideo, 27 feb (EFE).- La lucha contra una pandemia que golpeó a Uruguay apenas trece días después del relevo presidencial y el cierre del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea son dos de los hitos principales que han marcado los cinco años del Gobierno de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, a quien el próximo 1 de marzo relevará en el poder Yamandú Orsi, del Frente Amplio.
La baja inflación de los últimos veinte meses, que se ha mantenido dentro del rango meta, y el haber promulgado la ley para reformar la seguridad social son otros de sus logros destacados.
El cambio político, un mayor control para combatir la inseguridad y las mejoras en educación y economía fueron los ejes del discurso que el hoy mandatario saliente brindó el 1 de marzo de 2020.
«Esta vez la ciudadanía nos dio un mensaje claro y contundente. Dijo que es necesario un cambio, pero un cambio acompañado de acuerdos. Es hora, entonces, de cumplir con la voluntad popular. Se acabó el tiempo de los discursos», apuntó Lacalle Pou en su primer discurso como presidente.
De la pandemia a la sequía
Apenas dos semanas después se conocían los primeros casos de covid-19 en Uruguay, un hecho que marcó un antes y un después en su Gobierno. La apuesta de Uruguay por la «libertad responsable» y el enfoque científico de la pandemia hicieron posible que su gestión fuera reconocida en el mundo entero.
Mientras otros países optaban por el confinamiento obligatorio para frenar el avance del coronavirus, como hizo la vecina Argentina, el Ejecutivo de Lacalle Pou depositó su confianza en una población que respondió cumpliendo con el pedido de «quedarse en casa».
Al mismo tiempo, encargó la creación del Grupo Asesor Científico Honorario, un colectivo que coordinó a más de medio centenar de especialistas para asesorar al Gobierno durante catorce meses.
El día que Lacalle Pou alcanzó su primer año como presidente y cuando ya se registraban 611 fallecidos por coronavirus, comenzó la inoculación. Un año después, el 80 % de la población tenía, al menos, dos dosis de la vacuna.
Ya en 2023, Uruguay recibió un nuevo golpe: una prolongada sequía dejó prácticamente agotada el agua dulce de la principal reserva que abastece a Montevideo y lo llevó a vivir la peor crisis hídrica de su historia.
En junio, el Gobierno decretó la emergencia hídrica en el área metropolitana, que se extendió hasta agosto, un periodo durate el cual debió tomar medidas excepcionales para afrontar la situación.
El Mercosur, la UE y el Transpacífico
En materia de relaciones exteriores, Lacalle Pou insistió en varias oportunidades con la importancia de «abrir Uruguay al mundo».
Y aunque reconoce que «siempre quedan cosas por hacer» y que no se pudo «convencer» a los socios del Mercosur para avanzar en un acuerdo de libre comercio con China, el bloque de países sudamericanos ha logrado cerrar durante su mandato el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, después de casi veinticinco años de negociaciones.
Asimismo, Uruguay presentó formalmente su solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que actualmente integran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.
Inflación y seguridad social
Mientras tanto, el último dato del Instituto Nacional de Estadística marcó en enero pasado una inflación interanual del 5,05 %. De acuerdo con el Banco Central de Uruguay (BCU), la inflación se mantiene por vigésimo mes consecutivo dentro del rango meta fijado por el Gobierno.
Además, en la rendición de cuentas presentada días atrás, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, destacó que Uruguay cerró 2024 con una mejora en su resultado fiscal respecto de 2019, así como también con la mejor calificación crediticia en su historia.
Mientras tanto, el salario real ha aumentado un 2,7 % con respecto de 2019; además, en los cinco años del Gobierno de Lacalle Pou se han creado 111.000 puestos de trabajo.
Finalmente, dentro de las reformas llevadas a cabo en el último quinquenio, el Ejecutivo aprobó una reforma de la seguridad social que -entre otros cambios- eleva la edad de retiro de los 60 a los 65 años.
Esto provocó que el movimiento sindical promoviera un plebiscito para modificar la ley y la Constitución, que se celebró en 2024 y que no alcanzó los votos que necesitaba para cambiar nuevamente la ley.
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