¿Por qué el Braian está preso y los estafadores de Conexión Ganadera no?

Es altamente probable que Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow Artagaveytía y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral Bilhere, quienes formaban parte del holding empresarial Conexión Ganadera, operando a través de sociedades anónimas en Uruguay, Panamá y Estados Unidos, vayan presos. Es probable, pero no es seguro.

La única oportunidad de evitar la cárcel sería llegar a un acuerdo con los acreedores, lo cual es muy poco factible, dada la magnitud de la estafa piramidal de Conexión Ganadera. La pregunta que circula en la calle es: ¿por qué aún no han sido formalizados, cuando ya ha habido una confesión del delito? El contador de la empresa, Ricardo Giovio, lo admitió claramente: el negocio se convirtió en un esquema Ponzi.

¿Y qué es un esquema Ponzi? Ya se sabe, pero nunca está de más refrescar la idea: es una estafa financiera que promete rendimientos altos y rápidos a los inversores. Sin embargo, en lugar de generar rendimientos a partir de inversiones legítimas, el esquema paga a los primeros inversores con el dinero aportado por nuevos inversores. El fraude continúa mientras haya un flujo constante de nuevos participantes que cubran los pagos, pero inevitablemente colapsa cuando no hay suficientes nuevos inversores o cuando los organizadores no pueden seguir ocultando la falta de inversiones reales. El creador fue el señor de la foto, llamado Carlo Ponzi (https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Ponzi)

Pero volvamos al aspecto judicial. Para la Fiscalía, instruir una estafa de la magnitud de Conexión Ganadera, dada la cantidad de denuncias y denunciantes, y con una solicitud de concurso en el medio, lleva tiempo. Se toman su tiempo: si fuera el Braian del Marconi, un «ladrón de gallinas» lo formalizan al toque. Pero en este caso es previsible que pasen algunas semanas más antes de que los formalicen, y probablemente lleguen a un acuerdo con la fiscalía para un proceso abreviado. Si eso llegara a ocurrir, podrían obtener una pena menor a la que recaería si se sustanciara el juicio.

De todos modos, la estafa no es un delito demasiado grave según el Código Penal (la pena va de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría). Es probable que, con un acuerdo, reciban una pena de dos o tres años como máximo.

El riesgo que existe es que los denunciados se fuguen del país. Para evitarlo, deben ser formalizados rápidamente, y se les debería aplicar una medida cautelar, como prisión en algún centro de reclusión o arresto domiciliario con colocación de tobilleras. Casi como el Braian, pero no.

(* Publicado con autorización de su autor Antonio Ladra.  Una primera versión fue publicada en El Acontecer)