Montevideo, 22 de enero de 2025 – A menos de dos meses del cambio de mando presidencial, el Poder Ejecutivo ha introducido modificaciones significativas en la regulación ambiental que afecta al sector forestal. Mediante un decreto publicado el 13 de enero, se han relajado las exigencias para la aprobación de proyectos forestales en terrenos previamente plantados, una medida que ha suscitado debate en el ámbito político y productivo.
El nuevo decreto elimina la obligatoriedad de tramitar una Autorización Ambiental Previa (AAP) para las plantaciones de más de 100 hectáreas en suelos ya forestados, sustituyéndola por una Autorización Ambiental Especial (AAE). Este trámite es más ágil y menos exigente, lo que permite a los productores iniciar las plantaciones bajo su propia responsabilidad, incluso si el permiso final aún está en trámite, siempre que informen a la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental con 30 días de antelación. Anteriormente, iniciar las plantaciones sin autorización implicaba multas.
Además, las plantaciones pequeñas, de entre 40 y 100 hectáreas, ahora deben registrarse ante la autoridad ambiental, un registro que será válido por tres ciclos forestales, equivalente a 30 años. Esta modificación representa un cambio importante respecto al decreto de 2021, que exigía una AAP incluso para plantaciones en suelos no prioritarios.
El momento de la publicación de esta normativa, a pocas semanas de la asunción del nuevo ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, no ha pasado desapercibido. Fratti ha sido crítico con algunos aspectos de la regulación forestal, abogando por un equilibrio entre la forestación y otras actividades agropecuarias. “Debemos reservar los campos con mayores condiciones para nuestra agropecuaria diversificada: madera, carne, leche y grano”, declaró recientemente al Semanario Brecha.
Según expertos consultados, estas modificaciones aseguran a los productores la continuidad de sus proyectos forestales en tierras no prioritarias, a pesar de las declaraciones de Fratti y las perspectivas de cambio en las políticas del sector, adelantó El Observador.
Contexto y debate en el sector
Uruguay cuenta con 4,2 millones de hectáreas designadas como de prioridad forestal, de las cuales menos de la mitad están plantadas. La normativa publicada también redefine lo que se considera «nueva plantación», excluyendo terrenos previamente forestados, incluso si hubo cambios en su uso.
El decreto ha sido negociado durante más de dos años por la Sociedad de Productores Forestales con el gobierno saliente, lo que ha generado críticas sobre la celeridad de su aprobación en este período de transición. Además, plantea nuevamente el debate sobre el balance entre la forestación y otras actividades agropecuarias. Mientras algunos ven en estas medidas un impulso al sector forestal, otros argumentan que podrían comprometer la diversidad productiva del país.
La designación del próximo director de la Dirección General Forestal aún está en proceso, siendo Jorge Cardona, edil del Frente Amplio en Soriano, el nombre que más resuena. No obstante, la decisión oficial aún no ha sido confirmada.
Este decreto representa un cambio estratégico en la regulación ambiental del sector forestal y su impacto será observado de cerca, tanto por el gobierno entrante como por los actores del agro.
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