El Gobierno ha otorgado una concesión de 50 años para la prestación de servicios de amarre en el puerto Buena Vista, una terminal privada destinada a yates y embarcaciones. Este puerto, ubicado a unos 20 kilómetros de Carmelo, en el departamento de Colonia, fue construido sin los permisos correspondientes por inversores argentinos, quienes también son propietarios del complejo hotelero y residencial homónimo.
El 22 de agosto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitió una resolución en la que señala que la «construcción de un embarcadero deportivo de gran envergadura» se realizó «sin la previa autorización de la Administración». Además, indica que las obras ejecutadas en parte del álveo público del Río de la Plata no estaban «contempladas» en la resolución del propio ministerio emitida en 2017.
A pesar de las «obras construidas sin autorización», y luego de que en una audiencia pública celebrada el pasado 8 de febrero «no se presentaran oposiciones», el MTOP decidió otorgar a la empresa Misticar S.A. una concesión por 50 años sobre la fracción de álveo del Río de la Plata, necesaria para la construcción y desarrollo del atracadero deportivo conocido como Puerto Buena Vista.
Según la resolución del ministerio, la concesión abarca «la construcción y explotación de un atracadero deportivo» y un «permiso para la prestación de servicios de amarre y conexos (energía eléctrica, agua potable, etc.)» destinado exclusivamente a las embarcaciones vinculadas al complejo hotelero y residencial del mismo nombre.
Respecto a la operativa del puerto, la resolución establece que el concesionario deberá «permitir y facilitar que las autoridades competentes efectúen los controles de seguridad, aduaneros, sanitarios, ambientales y otros que pudieran corresponder». Asimismo, aclara que «en ningún caso» la operativa del puerto podrá «obstaculizar la navegación en el Río de la Plata».
La inauguración del Puerto Buena Vista fue anunciada en 2018 por el entonces director nacional de Hidrografía, Andrés Nieto. Sin embargo, el puerto ha sido objeto de controversia desde sus inicios debido a la falta de permisos y a los posibles riesgos asociados con el control aduanero. Su jurisdicción recae bajo la supervisión de la Prefectura de Carmelo, con dependencia de Nueva Palmira.
La construcción ilegal del puerto había sido alertada por medios locales y por trabajadores de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En 2018, funcionarios aduaneros de Carmelo advirtieron que tanto en el Puerto Camacho como en el Puerto Buena Vista ingresaban «yates argentinos sin control alguno», un hecho que fue vinculado en su momento con la «ruta del dinero K», en referencia a operaciones del kirchnerismo.
El primer puerto mencionado se encuentra en un country gestionado por el empresario argentino Eduardo «Pacha» Cantón, mientras que Buena Vista es propiedad de Eduardo Bonomi y Cynthia Kem, una familia argentina conocida por sus negocios en el mundo de la moda, hotelería y gastronomía, con marcas como Kosiuko y Herencia Custom Garage, además del hotel de lujo Casa Chic, también en Carmelo.
Ante la consulta sobre posibles sanciones a Misticar S.A. por la construcción sin permiso, el director Nacional de Hidrografía, Marcos Paolini, declaró a El Observador que, aunque la construcción del puerto fue «ilegal», las obras fueron realizadas durante el gobierno anterior. Por lo tanto, el foco de la actual administración es «regularizar» la situación. Paolini no descartó que «puedan» aplicarse sanciones en el futuro, decisión que dependerá de las autoridades pertinentes tras el análisis del expediente.
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