Por Elena Lozano
Montevideo, 12 jul (EFE).- La baja posibilidad de reinserción social y la alta tasa de reincidencia de quienes egresan del sistema penitenciario forman parte de la «crítica» situación de las cárceles de Uruguay, un país en el que una de cada doscientas personas se encuentran privada de libertad.
Así lo indica durante una entrevista con la Agencia EFE la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el país, Lucía Pérez Chabaneau, quien asegura que Uruguay entró en un círculo complejo para el que se necesitan medidas generales e integrales.
«El sistema penitenciario es un asunto importante dentro de la seguridad pública, pero solo una arista y que requiere un esfuerzo político y social muy grande para revertir esta situación», detalla.
El último informe anual de AI hizo hincapié en las condiciones de reclusión que se afrontan en las cárceles uruguayas, las que describió como «inhumanas».
«Las cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron hacinamiento y unas condiciones penitenciarias inhumanas», detalla el texto.
No obstante, Pérez Chabaneau sostiene que actualmente se están llevando a cabo diálogos «que evidencian la preocupación de distintos actores parlamentarios, instituciones estatales y de la sociedad civil».
Finalmente, apunta que AI se encuentra trabajando en medidas alternativas a la privación de libertad, aunque se aplicarían en casos concretos como el de las reclusas con hijos a cargo: «Habría que hacer un análisis de las penas, la peligrosidad y numerosos elementos a tener en cuenta», destaca.
Violencia machista
La directora ejecutiva de AI habla también sobre la problemática que afronta el país con la violencia machista, un hecho que también fue destacado en el último informe anual.
«Hoy sabemos que el 50 % de los embarazos en menores de 15 años son producto de violencia sexual y hay un 16 % que no se pudo determinar. O sea que la probabilidad de que también sean producto de situaciones de violencia es muy alta”, explica.
Además, dice que hay preocupaciones muy recientes relacionadas con algunas propuestas de modificación a las leyes que hoy amparan el abordaje de estas situaciones o con la ausencia de juzgados multimateria para este tipo de delitos.
«Todavía nos falta mucho trabajo de reflexión y de sensibilización en relación con lo que implica la violencia de género», expresa Pérez Chabaneau, quien subraya lo que esto significa para las víctimas, sus familias y la sociedad.
Según la Administración de los Servicios de Salud del Estado de Uruguay, entre mayo de 2021 y abril de 2023 hubo 119 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años.
Dentro de las recomendaciones que hizo en su último informe, AI instó al Estado uruguayo «a seguir tomando las medidas necesarias para eliminar el embarazo y la maternidad infantiles».
Migración y libertad de prensa
Por otra parte, Pérez Chabaneau habla sobre la migración en Uruguay y sostiene que este «ha sido un país receptor de flujos migratorios, con una normativa fuerte y abierta».
Sin embargo, indica que «siempre aparecen problemas a la hora de implementar estas medidas».
«Tenemos una normativa fuerte que, en varios aspectos, afecta (…) Pero luego la distancia entre la idealidad de la norma y la implementación parece como un poco resquebrajarse, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a la materia de protección social. Siempre los procesos migratorios son complejos», detalla.
Finalmente, habla sobre la libertad de prensa y comenta: «Es cierto que Uruguay es reconocido a nivel internacional también como un país apegado a los estándares internacionales y regionales vinculados a la libertad de expresión. Es cierto. Pero también es cierto que aparecen algunas preocupaciones en ese sentido y que deben ser atendidas».
En ese sentido, concluye: «Estamos todavía muy lejos de contar con una proporción grande de instituciones públicas que faciliten activamente su información y que la pongan a disposición, hay mucho trabajo por hacer».
EFE
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