Por Emiliano Tealde ([email protected])
Twitter: @E_Tealde
La economía nos enseña que los individuos responden a los incentivos. La economía del crimen estudia cómo moldear el comportamiento a través de incentivos para prevenir el delito. Este tema ya ha sido tocado en este blog, en una entrada de Diego Aboal. En esta oportunidad, nos vamos a centrar en como brindar los incentivos adecuados para un grupo en particular de la población: los reincidentes. La elección no es arbitraria, ya que Uruguay tiene elevadas cifras de reincidencia delictiva. En el año 2016, el 50,6% de los delitos fueron cometidos por personas con antecedentes penales.
Entre los principales elementos con los que la sociedad cuenta para combatir el crimen están las penas. El aumentar las penas a un delito debería servir como efecto disuasorio antes de cometerlo. A mayores penas, menos delito. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que el efecto del aumento de las penas depende de si está enfocado exclusivamente en el crimen o si se enfoca tanto en el crimen como en el criminal. Cuando las penas se aumentan de manera general para cualquier persona que infrinja la ley, los niveles de criminalidad no disminuyen. Pero cuando el aumento de las penas es exclusivamente para personas con antecedentes criminales, sí se ha encontrado que hay una reducción del crimen.
Ejemplos de penas exclusivas para los reincidentes existen en los sistemas judiciales de Estados Unidos y de Italia. En varios estados de los Estados Unidos existe la denominada “Ley de Infractores Habituales”, que implica que a la tercera vez que una persona comete un delito violento, su pena aumenta considerablemente. Este tipo de ley tiene la consecuencia de aumentar la población carcelaria, algo que a su vez trae problemas aparejados. Por un lado, el costo económico de mantener una población carcelaria que, con este tipo de leyes, crece rápidamente una vez que se empieza a aplicar. Por otro, los costos sociales y económicos que deben soportar los familiares de los presidiarios, como es el caso de hijos que crecen con su padre encarcelado. Además, vale la pena tener en cuenta que el aumento de la población carcelaria en establecimientos precarios, como es el caso de Uruguay, suele tener como consecuencia el aumento de la criminalidad organizada. Cuando las cárceles están superpobladas difícilmente la policía pueda imponer el orden, lo que hace que el poder lo impongan los propios internos. Esto hace que en la cárcel sea esencial pertenecer a una organización criminal. Las cárceles superpobladas suelen organizar en grupos a los que ya están en ellas y a los que se dedican a actividades criminales fuera, ya que estos son conscientes que, si son capturados y enviados a prisión, su seguridad depende en gran medida de pertenecer a alguna organización.
La forma en la que Italia ha implementado penas incrementales para reincidentes es radicalmente diferente y también ha logrado bajar sensiblemente los niveles de criminalidad. Italia ha implementado en reiteradas ocasiones el “perdón colectivo”, la última vez en el año 2006, por el cuál redujo en 3 años las penas para todas las personas presas. El 40% de los internos del sistema penitenciario italiano quedó libre el 1 de agosto de 2006, pero con una condición: en caso de que reincidieran en los siguientes 5 años, la parte de la pena que les quedaba por cumplir antes del perdón colectivo sería sumada a su nueva sentencia. Esta medida redujo drásticamente los niveles de reincidencia, con el agregado que genera una reducción de la población carcelaria.
Pero las penas no son la única manera de afectar los incentivos de los reincidentes. Uno de los postulados fundamentales de la economía del crimen es que una persona se dedica a la actividad criminal sólo si lo que obtiene con el crimen es superior a lo que obtiene en una actividad alternativa legal. Mejores oportunidades en el mercado de trabajo deberían ayudar a reducir el delito. Evidencia empírica reciente, utilizando datos para Estados Unidos y Francia, demuestra que mejores salarios en sectores intensivos en mano de obra no calificada efectivamente reducen los niveles de reincidencia criminal.
El delito es un fenómeno multicausal. Políticas sociales juegan un papel relevante, principalmente por la capacidad que tienen para cortar con la transferencia intergeneracional del crimen en el largo plazo. La eficiencia policial también, y es de hecho uno de los puntos que más debate y polémica a nivel público genera. Sin desconocer la multicausalidad del fenómeno, en este espacio queremos poner de manifiesto que, en nuestro país, medidas que se ocupen de la situación de los reincidentes son las más importantes para bajar los niveles de criminalidad en el corto plazo.
En Montevideo principalmente, pero también en alguna zona del interior como en Minas, estamos asistiendo a que bandas organizadas tienen el monopolio de la violencia en ciertos barrios. Estos grupos se dedican al tráfico de drogas, ya que lo ilícito de la actividad les proporciona grandes beneficios. Si la actividad a la que se dedican dejara de ser ilícita, como con una legalización general de todas las drogas, estos grupos difícilmente dejen de dedicarse a la actividad criminal. Simplemente utilizarían su activo, el monopolio de la violencia, en otras actividades ilegales, como por ejemplo, distintas formas de extorsión. Generar los incentivos adecuados para evitar que estos grupos aumenten su poder es urgente, ya que, de lo contrario, será cada vez más difícil desarticularlos. Uruguay debe aprovechar la experiencia internacional que marca cuáles son las medidas que ayudan a bajar la reincidencia delictiva, pero por sobre todas las cosas, asumir que algo debe hacerse al respecto y delinear su propia estrategia.
Una primera medida debe ser un programa que brinde apoyo para la inserción en el mercado laboral a las personas recién liberadas. El apoyo durante la etapa en prisión puede ser útil, pero se necesita más. Se debe acompañar a las personas que están buscando reinsertarse en la sociedad durante el proceso de búsqueda, postulación y acceso a un empleo. Una segunda medida debe tener como objetivo incorporar a nuestro sistema legal penas diferenciales para reincidentes. Mayores penas luego de un cierto número de antecedentes, como en Estados Unidos, o un perdón colectivo condicional a cumplir lo que restaba de pena en caso de reincidencia, como en Italia, son ejemplos de lo que se ha hecho internacionalmente. Nuestro país debe discutir y buscar su propia versión de los cambios legales que ayuden a reducir la reincidencia.
*Diego Aboal, Guillermo Carlomagno y Guillermo Tolosa hicieron valiosos comentarios que mejoraron versiones anteriores de este artículo. Cualquier omisión o error son de mi responsabilidad.
- Publicada por Carmelo Portal con autorización del Blog Suma.
