La Cámara de Diputados envió este jueves para su promulgación al Ejecutivo el proyecto de ley para la internación de adictos por voluntad anticipada, que tiene como objetivo que las personas con algún tipo de adicción a las drogas puedan expresar su deseo de recibir un proceso de desintoxicación.
Esta normativa, que recibió el miércoles el apoyo de todos los partidos excepto del Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido de la Gente y que fue planteada a petición de la agrupación de familiares de adictos Madres del Cerro, contará con un presupuesto de 20 millones de dólares para el abordaje de esta problemática.
En una entrevista a EFE, la impulsora del proyecto de ley y diputada del Partido Colorado Nibia Reisch, dijo este jueves que el planteamiento de esta norma se inició hace siete años, cuando se empezaron a reportar casos de adictos que, en estado de lucidez, pedían a sus familiares salir de la droga porque perdían su trabajo, amigos e incluso parientes.
«Algunos de estos adictos caían en acciones delictivas para tener recursos para consumir y algunos, siendo conscientes, quieren salir de ese mundo, pero bajo los efectos de la droga después se negaban», apuntó Reisch.
Señaló que una encuesta que se hizo sobre el consumo de drogas en estudiantes de entre 13 y 17 años en 2021, llevado a cabo en 104 centros educativos de todo el país, reflejó que uno de cada cuatro estudiantes había probado el cannabis alguna vez, y que el 19 % lo consumió en el último año.
«Eso, en parte, se debe a que la percepción del riesgo del consumo ha ido disminuyendo en los últimos años», subrayó la diputada colorada.
El mismo estudio arrojó que el 2,6 % de los estudiantes encuestados habían consumido cocaína alguna vez en su vida, un 2,7 % el éxtasis y un 0,7 % la pasta base.
«[La ley] no es una solución para todas las familias que tienen un pariente adicto, pero sí les otorga una herramienta para los que tienen la oportunidad de firmar un documento en el que manifiesten su voluntad anticipada de ser tratados», afirmó Reisch, quien detalló que este proceso puede llevarse a cabo con la presencia de dos testigos o con un escribano público.
Preguntada sobre los perfiles de los adictos, la impulsora del proyecto de ley sostuvo que el consumo de drogas en Uruguay «está presente en todas las clases sociales» e indicó que, en el caso de que los adictos quieran revocar ese deseo de ser tratados, deben hacerlo «en las mismas condiciones de lucidez en las que lo solicitaron». EFE
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