Carolina Ache presentó su renuncia como vicecanciller de Uruguay este lunes tras perder apoyo político por divulgarse un intercambio de mensajes que contradecía su versión sobre el caso del narcotraficante Sebastián Marset, a quien el país otorgó un pasaporte que facilitó su fuga.
La política, integrante del Partido Colorado (PC, centroderecha), le entregó su renuncia al presidente, Luis Lacalle Pou, quien, según dijo a la prensa, la aceptó pese a que, acotó, «no variaron» sus declaraciones «de respaldo a su actuación».
Así, el presidente aludió a sus dichos del pasado martes, cuando, al conocerse los mensajes que provocaron un debate interno dentro del PC sobre el proceder de Ache, expresó que tenía «tranquilidad» respecto al accionar del Gobierno frente al denominado caso Marset porque «no hubo ocultamiento» y «se dijo la verdad».
Anterior a la emisión del pasaporte, el intercambio de mensajes, que ya forma parte de las pruebas con las que cuenta la Justicia uruguaya, se produjo entre Ache y el viceministro del Interior, Guillermo Maciel.
En él Maciel pedía a la exvicecanciller saber «si sigue detenido» Marset, a quien el jerarca alude como «un narco uruguayo muy peligroso y pesado» y advierte que «sería terrible» saber que lo liberaron de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido; a lo que Ache responde que lo averiguaría.
El pasado agosto, la prensa uruguaya dio a conocer que Marset había recibido un pasaporte mientras el Ministerio del Interior colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en una investigación internacional que lo involucraba liderada por la Secretaría Antidrogas de Paraguay.
Esto dio pie a que el principal partido de la oposición uruguaya, el Frente Amplio (FA, izquierda), interpelara a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, para conocer las explicaciones del caso.
En esa instancia también declaró ante el Parlamento Ache, quien había sido señalada por haber mantenido una reunión en su despacho con el abogado de Marset, Alejandro Balbi.
Allí la política reiteró la explicación que había dado en Twitter, donde desmintió «rotundamente» las «versiones periodísticas» que la señalaron como la primera autoridad involucrada en la emisión del pasaporte y aclaró que el intercambio con Balbi se limitó a una consulta sobre la fecha de envío de una valija diplomática.
De todos modos, ante los legisladores, Bustillo afirmó que la cartera desconocía el historial criminal de Marset cuando se inició el trámite, versión que desmintieron los mensajes entre Maciel y Ache.
En 2021, Marset, con largo historial delictivo en varios países y cuyo nombre aparece como presunto autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, estaba preso en Dubái por ingresar con un pasaporte de Paraguay falso.
En ese contexto inició trámites para solicitar el pasaporte uruguayo que le permitió ser liberado a fines de ese año, cuando no había aún una alerta roja de Interpol emitida para su captura, lo cual ocurrió en marzo de 2022. (EFE)
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