Uruguay no registró hechos que afecten la libertad de prensa, según detalla el informe de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) aprobado este domingo en su 78 Asamblea General, que resalta que allí «no existen restricciones» que limiten la actividad de los medios.
«No existen restricciones legales que afecten el derecho a la información de los ciudadanos o limiten la actividad de los medios de comunicación ni restrinjan el libre ejercicio de la actividad periodística», remarca el texto.
No obstante, señala que la excepción la constituye una ley de 2017 «que prevé la criminalización de los periodistas, que pueden ir presos por informar».
«La SIP planteó su preocupación debido a que la ley se aparta de la tradición del país y conspira con todos los avances logrados a nivel interamericano y universal para que no penda la amenaza de cárcel contra los periodistas», sostiene el informe.
Por otra parte, asegura que el debate público «se ha visto afectado por la polarización política y por los mensajes en las redes sociales que han contaminado o complicado el espectro informativo y la discusión».
«Han proliferado determinadas prácticas, como el anonimato, la ausencia de responsabilidad legal, el irrespeto de la intimidad y la diseminación de mensajes fundamentalistas y discriminatorios», puntualiza el documento.
Asimismo, señala que el dilema es que en esa puja político-partidaria e ideológica «se pretende arrastrar a la libertad de prensa», lo que constituye «un serio riesgo».
«No se puede permitir que la libertad de prensa sea usada con propósitos que no se ajustan a su fin básico, a que el ciudadano ejerza su derecho a la información», dice la SIP.
Finalmente, sostiene que recibió una denuncia formulada por un periodista que lleva a cabo trabajos de investigación y que recibió amenazas por estos, además de advertencias concretas que pudieron provocarle un accidente el pasado agosto.
«Este tipo de advertencias físicas y directas no son habituales en el país, por lo cual provoca una especial preocupación para la SIP», remarca el documento.
Finalmente, detalla que la vicepresidencia actuó sobre casos que le fueron denunciados o tomaron estado público y que en colaboración con otros miembros de la SIP «se plantearon inquietudes y preocupaciones» a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y a legisladores. (EFE)
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