Una auditoría ambiental del Circuito Vial 1, que comprende rutas vinculadas con Carmelo y otras localidades del departamento de Colonia, detectó cuatro no conformidades y una observación en la gestión de las obras. Los hallazgos incluyen deficiencias en el almacenamiento de combustible, problemas para acreditar el destino y recorrido de residuos contaminados y controles insuficientes sobre materiales y emisiones de una planta proveedora de asfalto.
La inspección fue realizada el 22 de mayo de 2026 sobre el contrato de Grupo Vial Oriental Uno SA (GVO1), responsable de la operación y mantenimiento de las rutas 12, 21, 54, 55 y 57. El proyecto original incluye además la construcción del bypass de Carmelo. El informe fue emitido el 2 de junio por DICA & Asociados para la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
El documento no constata episodios concretos de contaminación ni derrames. Lo que identifica son incumplimientos de requisitos ambientales y situaciones en las que la documentación presentada no permite acreditar que determinados procedimientos se ajustaron a las exigencias establecidas.
Un tanque de gasoil con protección insuficiente
El hallazgo de mayor entidad ambiental fue localizado en el obrador de Monerden SA, en el padrón urbano 1131 de Ombúes de Lavalle.
Los auditores encontraron un tanque móvil de gasoil dentro de un recinto techado y con contención perimetral. Sin embargo, esa estructura no tenía capacidad para contener el 110% del combustible almacenado, como exige el Manual Ambiental Vial.
La finalidad de ese sistema es evitar o limitar la dispersión del hidrocarburo si se produce una pérdida. La auditoría no registró ningún derrame, pero determinó que la infraestructura preventiva era insuficiente y clasificó el caso como no conformidad tipo 2, categoría correspondiente a incumplimientos que pueden derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.
La situación quedó además registrada en las fotografías del informe.
Filtros contaminados enviados a San José de Mayo
En el mismo obrador apareció otro problema relacionado con residuos.
Monerden informó que filtros usados de aceite y combustible habían sido enviados al Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos de San José de Mayo. La auditoría concluyó que no existía evidencia suficiente para acreditar que ese procedimiento cumpliera con el Plan de Gestión Ambiental y la normativa vigente sobre residuos industriales.
El informe no establece que esos filtros hayan producido contaminación en el lugar donde fueron depositados. El hallazgo consiste en que no pudo demostrarse documentalmente que ese fuera un destino adecuado de acuerdo con las exigencias legales aplicables.
El caso fue considerado una no conformidad tipo 1, categoría utilizada cuando falta evidencia para demostrar el cumplimiento de una obligación legal o reglamentaria.
Residuos peligrosos sin trazabilidad completa
La única “observación” de la auditoría involucra a Traxpalco SA, cuyo obrador se encuentra en el padrón rural 12609 de la 11.ª Sección Catastral de Colonia, próximo a la ruta 12.
La empresa informó que centraliza en su obrador de Maldonado la gestión de baterías, neumáticos, aceites usados y elementos contaminados con hidrocarburos. También presentó información sobre las empresas encargadas de recibir esos materiales.
El problema apareció en una etapa anterior: los auditores no pudieron reconstruir documentalmente el traslado de los residuos contaminantes desde las obras del Circuito Vial 1 hasta el centro de Traxpalco en Maldonado.
Por esa razón, el informe establece que no es posible realizar su trazabilidad completa.
Esto no significa que la auditoría haya comprobado abandono o disposición irregular de los residuos. La observación señala una falla de control: falta documentación para seguirlos durante todo su recorrido, desde el lugar donde son generados hasta su entrega posterior.
Dos problemas con el asfalto utilizado en las rutas
Otro punto relevante se encuentra en las 492 toneladas de mezcla asfáltica utilizadas entre enero y marzo de 2026. De ese total, 380 toneladas provinieron de una planta de H&G SA en Pando y 112 toneladas de José Cujó SA, en Ismael Cortinas.
Sobre este último proveedor recayeron dos no conformidades.
La primera se relaciona con el origen de los materiales. La cantera de obra pública que abastecía a la planta figuraba en el Registro Nacional de Canteras de Obra Pública como asignada a otro contrato, correspondiente a la Corporación Vial del Uruguay. El informe trimestral de GVO1, además, la había declarado como cantera comercial.
La segunda deficiencia corresponde al control de emisiones atmosféricas.
El estudio presentado sobre la planta de José Cujó había sido realizado el 8 de noviembre de 2024. Al momento de la auditoría, en mayo de 2026, los técnicos lo consideraron “obsoleto”.
El informe no sostiene que la planta estuviera emitiendo contaminantes por encima de los límites permitidos. Determina algo diferente: el estudio disponible era demasiado antiguo para acreditar el cumplimiento de los requisitos ambientales en 2026.
Los hallazgos de 2024 fueron corregidos
La auditoría también revisó cinco problemas detectados en noviembre de 2024 y los dio por solucionados.
Entre ellos estaba la falta de evidencia de una autorización vigente para que Traxpalco extrajera agua del río San Juan. La empresa modificó posteriormente su fuente de abastecimiento. También fueron retirados residuos de construcción que permanecían debajo de los puentes del río San Juan y de los arroyos Sauce y Miguelete, y se corrigieron problemas de erosión identificados durante aquella inspección.
El control de mayo tampoco fue una revisión física completa de las cinco rutas. Los auditores recorrieron parcialmente la ruta 12 e inspeccionaron los obradores y frentes de trabajo de Traxpalco y Monerden. En esos lugares registraron, en términos generales, buenas condiciones de orden y limpieza.
El balance del informe combina así dos resultados: los problemas pendientes de 2024 fueron corregidos, pero la auditoría de 2026 abrió cuatro nuevas no conformidades y una observación.
El documento recomienda ahora capacitar periódicamente al personal sobre las exigencias ambientales, reforzar la inducción de trabajadores y subcontratistas y actualizar el Plan de Gestión Ambiental.
En un contrato de operación y mantenimiento previsto hasta 2039, el seguimiento de esos hallazgos permitirá determinar si las deficiencias detectadas en mayo fueron finalmente corregidas y documentadas.
Comentarios