Los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y del Interior, Luis Alberto Heber, comparecen este lunes ante el Senado por la concesión de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, prófugo de la Justicia paraguaya, en lo que la oposición denominó «golpe a la reputación del país».
«El episodio constituye un golpe a la reputación del país», dijo el senador del Frente Amplio Mario Bergara, quien, en una sesión iniciada a las 15.15 horas, interpeló a ambos ministros por la entrega de documentación a Marset, lo que permitió su salida de la prisión de Dubai, donde se hallaba acusado de portar un pasaporte paraguayo falso.
El legislador de la oposición, que hizo una exposición de 45 minutos, preguntó a Bustillo y Heber si entendían que este caso «erosiona la credibilidad» de Uruguay.
La comparecencia de los dos ministros, que se espera se alargue por varias horas, fue solicitada por el FA, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es el principal partido de la oposición, y respaldada por el oficialismo, que consideró necesario arrojar luz sobre el asunto.
Marset, uruguayo de 31 años, con largo historial delictivo en varios países y cuyo nombre aparece vinculado como presunto autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, recibió un pasaporte de las autoridades uruguayas que le permitió escaparse de Emiratos Árabes Unidos.
Según informó días atrás el diario El Observador, el narcotraficante recibió el pasaporte mientras el Ministerio del Interior colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en una investigación internacional liderada por la Secretaría Antidrogas de Paraguay.
La vicecanciller, Carolina Ache, negó el pasado miércoles «cualquier participación» en el trámite de expedición y entrega del pasaporte, si bien reconoció haber recibido en su despacho a Alejandro Balbi, abogado de Marset, quien le consultó por «la fecha de envío de valija diplomática».
Si bien el presidente de Uruguay, el Luis Lacalle Pou, ha guardado silencio estos días, otros miembros del oficialismo han justificado la actuación de las autoridades basándose en el decreto 129/014.
Este texto se refiere a la «aprobación del reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje y derogación del decreto 167/993» y fue emitido en 2014, durante el mandato de José Mujica (2010-2015).
Dicho reglamento establece la consulta de antecedentes judiciales en Uruguay para la expedición de un pasaporte a ciudadanos de esa nacionalidad en el exterior y, según alegó el Ejecutivo, las causas que Marset tuvo en algún momento en su país ya estaban cerradas y no había requerimiento o alerta roja de Interpol. (EFE)
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