Por Federico Anfitti
La impunidad de quienes ejercieron el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985) ha vuelto al centro del debate político tras la presentación de un proyecto que busca reinstalar la Ley de Caducidad y que ha despertado la crítica de organismos internacionales.
Bajo la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada en 1986 y marcó el fin de la transición del gobierno dictatorial al democrático, los crímenes perpetrados por funcionarios militares o policiales durante el golpe de Estado no pudieron ser juzgados.
Tras ser declarada inconstitucional en 2009 y anulada en 2011 con una norma interpretativa, un proyecto de ley presentado en los últimos días por el senador y excomandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos, del partido derechista Cabildo Abierto (CA) -uno de los socios de coalición del Gobierno de Luis Lacalle Pou-, pretende reinstalarla.
La ley siempre contó con respaldo popular puesto que en 1989 se hizo un referéndum para derogarla y en 2009 se celebró un plebiscito. En ambos se mantuvo.
EN LA MIRA INTERNACIONAL
La Ley de Caducidad provocó varios dolores de cabeza a Uruguay en el plano internacional e incluso hizo que el país suramericano fuera observado en informes y condenado.
El integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández cuenta a Efe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa al país por esta ley «desde 1992» con un informe que asegura que la normativa «es incompatible» con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Con estos antecedentes, la CIDH explicitó en Twitter su preocupación ante el proyecto presentado por Manini Ríos porque «se propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos».
«La #CIDH reitera su llamado a #Uruguay a abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes», señala el mensaje.
El organismo internacional recuerda que, si se aprueba, «podría representar el incumplimiento» de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2011 contra el Estado uruguayo por la desaparición forzosa de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, y el cambio de identidad de su hija, Macarena Gelman.
Dicha sentencia obliga a «investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos».
EL RIESGO DE PERDER PRESTIGIO
En muchas áreas Uruguay es ejemplo internacional, desde su civismo hasta la estabilidad política, social, económica o incluso con el control de la pandemia por la COVID-19.
Sin embargo, si el proyecto propuesto por CA se convierte en realidad, Fernández asegura que irá «en contra de todo lo que han establecido las normas internacionales» a las que Uruguay se ha adherido voluntariamente.
Tener una legislación nacional que contradiga a los organismos puede tener repercusiones en distintos ámbitos, como integrar puestos en Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA).
Manini y su formación han puesto el grito en el cielo con el pedido de la CIDH y consideran que escuchar al organismo sería «aceptar» que se gobierne a Uruguay «desde afuera».
El exmilitar considera que quienes apoyan estas indicaciones son los que exhiben «con orgullo su ‘cipayismo’ apátrida».
Este miércoles, los senadores de CA presentaron una moción de rechazo a la CIDH ya que, entienden, es una «injerencia en la competencia legislativa» del Parlamento.
Uno de los jueces de la Corte Interamericana, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, afirma a Efe que ninguno de ellos hará declaraciones.
POCO APOYO E «INCONGRUENCIAS»
Una vez entrado el proyecto de ley han comenzado a manifestarse las voces a favor y en contra de la iniciativa. Quienes se muestran expresamente de acuerdo son los integrantes de CA mientras que el resto del espectro político, incluido el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se ha mostrado en desacuerdo.
El mandatario dijo a la prensa que restaurar la Ley de Caducidad «no forma parte del compromiso con el país» que firmaron los integrantes de la coalición, Partido Nacional (PN, centroderecha), al que él pertenece, Colorado (PC, centroderecha), De la Gente (PG, derecha), Partido Independiente (PI, centroizquierda) y CA.
Líderes de la coalición de gobierno, como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres (PI), o políticos de izquierda, como el expresidente José Mujica (2010-2015), se manifestaron contrarios.
El abogado de Ielsur también explica que el proyecto tiene «groseras inconsistencias» ya que, entre otras cosas, «habla de derecho penal del enemigo» cuando los militares fueron juzgados con todas las garantías legales.
La propuesta de reinstalar esta normativa surge de las constantes críticas de Manini Ríos a los jueces y fiscales pues, según entiende, han actuado escuchando a quienes buscan venganza por el pasado y ha sido crítico con varias sentencias a militares acusados de crímenes durante la dictadura.
Ello llevó a que la Asociación de Magistrados del Uruguay denunciara que esas declaraciones pueden considerarse «una amenaza para la independencia del Poder Judicial».
UNA IMPUNIDAD QUE PERDURA
Si bien se cree que este proyecto de ley no será aprobado, la impunidad sigue a la orden del día en Uruguay.
Muchos responsables por las muertes, secuestro de niños, violaciones, torturas y desapariciones forzosas permanecen libres y aún no existe información veraz de dónde están los casi 200 ausentes.
Una de las integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Elena Zaffaroni, dice a Efe que ellos han denunciado el discurso de Manini Ríos desde hace ya tiempo porque es «una apología de la defensa de los delitos de lesa humanidad».
Para Zaffaroni, este tipo de relatos busca poner en un lugar de «pobrecitos los viejos» a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y por ello se pretende dejar de juzgar e investigar.
«Los que quieren mantener la impunidad del pasado, los delitos y el secuestro de los desaparecidos son ellos. La historia es una acumulación, no hay un vuelta de página», concluye.
EFE
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