Uruguay ganó este jueves un millonario juicio internacional contra la minera india Aratirí que databa de 2017 y, de esta forma, el país sumó un nuevo triunfo ante una demanda de una empresa internacional, al igual que el caso de la tabacalera Phillips Morris en 2016.
Según informó la Presidencia uruguaya a través de un comunicado, el Tribunal Arbitral falló en favor de Uruguay y ahora los demandantes deberán reembolsar al Estado uruguayo 4.097.149,25 dólares en costos.
«En dicho laudo, el Tribunal Arbitral hizo lugar a la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión», apunta el escrito.
En 2011, durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015), la compañía india presentó un millonario proyecto para abrir una mina a cielo abierto en el país, que incluía la construcción de un complejo minero de 6.210 hectáreas en los departamentos de Durazno (centro) y Florida (centro-sur) y un mineroducto de 212 kilómetros de largo a través de ambas localidades, además de Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha (este).
En este último lugar, también estaba prevista la instalación de una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
Sin embargo, la promulgación de una ley para regular la actividad minera de gran porte en el territorio nacional el 11 de septiembre de 2013, fue considerada por la Aratirí como un «cambio en las reglas del juego».
Esta normativa estableció la creación del Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión y dispuso los ámbitos de aplicación, la titularidad, el plan de cierre, la constitución de garantía de cumplimiento, el régimen tributario especial y los ingresos que debe obtener el Estado en relación con la explotación de minería de gran porte.
En julio de 2017 el entonces presidente, Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) informó que Aratirí había inscrito una denuncia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) y luego la compañía presentó una demanda internacional por daños y perjuicios contra Uruguay por 3.536 millones de dólares.
Las autoridades uruguayas en aquel entonces se reunieron en Washington con Paul Reichler, miembro del estudio Foley Koag, responsable de la defensa de Uruguay en distintos casos, entre ellos el triunfo jurídico ante la tabacalera Phillip Morris.
«Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia», había declarado en 2018 Vázquez.
EFE
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