Cuatro periodistas especializados en crónica judicial señalaron deficiencias en el acceso a la información judicial en oportunidad de su participación en el seminario “Partidos políticos y Poder Judicial en Uruguay”, organizado por el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) y declarado de interés por la Suprema Corte de Justicia.
Los aportes fueron volcados en la mesa de debate signada por el eje temático “¿Cuál es el principal problema del vínculo entre medios de comunicación, partidos políticos y Poder Judicial?. Miradas desde el periodismo especializado”, que fue moderada por el periodista Antonio Ladra.
DIFICULTADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JUDICIAL
La periodista del semanario Búsqueda, Virginia Fernández, hizo referencia a las dificultades que plantea el acceso a la información judicial relatando un caso concreto en el que no pudo obtener una sentencia dictada por un tribunal de apelaciones a pesar de que, por definición, el dictado de un fallo es un acto de carácter público. Explicó que, al identificarse como periodista, le negaron acceso a los documentos judiciales que había requerido con la excusa de que no estaban los Ministros (integrantes del Tribunal de Apelaciones), quienes debían autorizar la entrega de dicho material.
Fernández también señaló que a partir de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal y el rol protagónico de las Fiscalías, el problema del acceso a la información referida a las investigaciones en curso aparece como un nuevo obstáculo para la labor periodística.
LA PUBLICIDAD EN LAS AUDIENCIAS DEL ÁMBITO CIVIL
El periodista de Brecha, Mauricio Pérez, elogió la iniciativa de los impulsores del seminario por entender que genera un ámbito que permite hablar abiertamente de los problemas cotidianos que plantea el periodismo judicial. Explicó que trabaja en temas judiciales desde 2008, cuando el periodista Pablo Meléndrez dejó su lugar en diario La República y fue convocado para cubrir la vacante. Mencionó que la información judicial pasa mayoritariamente por el ámbito penal y que con ello no refería a la crónica policial o crónica roja, sino a la cobertura que demandan las repercusiones de los fallos en materia de derechos humanos o respecto de asuntos de origen político, e incluso de la actividad natural de la Suprema Corte de Justicia, como es el caso de las declaraciones de inconstitucionalidad. Dijo que hoy la información judicial “está más a mano que diez años atrás”, en especial debido al trabajo desarrollado por las unidades de comunicación de la Fiscalía y del Poder Judicial, así como por el cambio en los operadores, que muestran una actitud más abierta y sensible hacia las necesidades de los medios de prensa.
En otro pasaje de su intervención, Pérez denunció que si bien las audiencias en el ámbito civil son públicas desde la implementación del Código General del Proceso en el año 1989, esto no siempre se cumple y los operadores plantean toda clase de excusas para impedir el acceso de los periodistas.
Pérez también hizo referencia a las dificultades para conocer datos sobre las investigaciones administrativas que desarrolla la Fiscalía, porque en la audiencia de formalización ante el juez no se difunden esos datos en detalle y eso dificulta la posibilidad de control público sobre el desarrollo de los procesos.
ESTATURA MORAL PARA RECONOCER LOS ERRORES
La periodista Natalia Roba de diario El Observador expuso sobre la existencia de presiones hacia el cronista de temas judiciales, que proviene de diversas fuentes. Relató un caso en el que un policía le aseguró saber lo que había hablado con el juez, lo que quería dejar patente como una forma de influir en el modo en que se presentaría la historia por parte del periodista. También relató diversas anécdotas con jueces y fiscales.
Roba aseguró que las presiones para que una nota no salga o para que tenga determinado sesgo se dan en diversos niveles, tanto al periodista encargado de redactarla como hacia los editores, directores o incluso los propietarios del medio de comunicación.
También mencionó la incomprensión que se padece en este trabajo, ya que muchas veces se adjudican intenciones que el periodista no tiene, porque tan sólo está cumpliendo con el compromiso que el rol social de informar le demanda. Desde la concurrencia se le preguntó sobre los casos en que el periodista comete un error en la elaboración de la nota y Roba respondió que siempre debe tener “la estatura moral de reconocer si se equivocó”.
LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN EXISTE EN LOS ÁMBITOS EMPRESARIALES
La última intervención fue la de Natalia Uval, del periódico La Diaria, quien también resaltó la labor de la unidad de comunicación de los servicios de Justicia que, a diferencia de otros actores, se limita a brindar la información requerida sin emprender conatos de influencia que pueden resultar molestos para el periodista. Asimismo, relató una vivencia personal a partir de la cual elogió los avances del sistema judicial brasileño en materia de acceso digital a la información judicial que necesita la prensa especializada.
Uval sostuvo que tanto los medios de comunicación como los operadores judiciales son actores políticos, lo que no significa que sean operadores políticos. Dijo que el objetivo del periodista es informar y en ese propósito debe cargar con su propia subjetividad. Mencionó al juez brasileño Sergio Moro como caso de juez que actuó como operador político, porque se interesó por una cosa distinta a la que corresponde a un actor político encargado de impartir justicia. Recordó también la existencia de los jueces “celebrity”, una especie que afortunadamente no es común en Uruguay.
Refrendó todo lo afirmado por sus colegas en cuanto a las presiones que se reciben desde el sistema, en su mayoría de índole económico porque apuntan a restringir los ingresos de los medios de comunicación en un momento de verdadera crisis para ese rubro. Además, mencionó ejemplos de cómo algunos operadores argumentan en forma superlativa para hacer presión, diciendo: “no me critiques demasiado la sentencia porque así estás atacando al sistema democrático”.
Uval propuso visibilizar más la violencia en la esfera privada, así como ya se hace con la violencia en la esfera pública (violencia en los encuentros deportivos, por ejemplo). La periodista sostuvo que si bien ahora se visibiliza más la violencia hacia la mujer, todavía eso no ocurre con la violencia hacia los niños, por ejemplo.
Consultada desde la concurrencia en cuanto a la escasez de investigación periodística, Uval reconoció que eso era efectivamente así y que la mayoría de los periodistas sólo tienen recursos para dedicarlos a la “nota del día”. Además, sostuvo que existe un importante déficit en la investigación de la corrupción empresarial. Dijo que el continuo tratamiento de casos de corrupción pública genera la idea equivocada de que la corrupción sólo existe en el sistema político y no en otros ámbitos.
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