A mediados de 2006 el Parlamento aprobó por unanimidad la ley 17.978 que regula a las cooperativas sociales. La directora del Mides Mariela Fodde detalló que en la actualidad hay 457 cooperativas integradas por 6.530 personas, el 65 % mujeres. El cliente principal de los emprendimientos es el Estado, no obstante lo cual sus trabajadores no generan una relación de dependencia que les posibilite transformarse en funcionarios públicos.
Mariela Fodde, responsable de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social (Mides-Dinesil),explicó que, a 10 años de aprobación de la ley, es una herramienta clave en la lucha contra la exclusión social. Las 457 cooperativas existentes están integradas por 6.530 personas, el 65 % mujeres. “Las cooperativas son una política pública entre las políticas sociales. Abordan la inclusión social a través del trabajo y, por ello, el 75 % de las cooperativas sociales tienen que estar integradas por personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, sostuvo.
El cliente principal del 95 % de las cooperativas sociales es el Estado, situación abalada por la ley 17.978, precisó la jerarca. También afirmó que «no hay un aumento exponencial del número de cooperativas porque hay concretamente una definición del Ministerio de Desarrollo Social de trabajar en el fortalecimiento de las que ya están trabajando”.
Controles y evaluación de desempeño del Estado y particulares
Fodde expresó que, en el caso de organismos públicos como OSE, UTE y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), hay comisiones de seguimiento y evaluación para que las cooperativas cumplan las tareas en forma adecuada. “Se evalúa en base a ítems vinculados a la conformidad del trabajo asignado por parte del cliente, la asistencia, la puntualidad, la presentación de cada persona con su respectivo uniforme, los cuidados con los materiales, el relacionamiento con el organismo público y con los clientes externos e internos”, indicó.
El Mides controla que las cooperativas cuenten con los balances actualizados, certificado regular de funcionamiento y no incurran en retrasos en el pago del Banco de Previsión Social (BPS) para que sea posible su contratación por público o privados. Asimismo, realiza un acompañamiento social con evaluación de técnicos y de organizaciones sociales externos al ministerio con el objetivo de poder detectar en forma preventiva situaciones de conflicto.
La directora ejemplificó que OSE, ASSE, UTE y las intendencias les pagan a las cooperativas de acuerdo al presupuesto aceptado por cada organismo. En tal sentido, Fodde explicó que en OSE trabajan en todo el país 42 cooperativas sociales integradas por 461 personas de las cuales 199 son mujeres jefas de hogar. En la institución las cooperativas sociales realizan tareas de albañilería, toma de consumo, reparación de pérdidas domiciliarias y reposición de medidores.
Fodde destacó que el 25 de octubre pasado, el directorio de OSE resolvió por unanimidad renovar el contrato a las 42 cooperativas sociales hasta el año 2020, ya que consideró concretaron un buen desempeño.
“Lo que hace que los organismos opten por las cooperativas es el trabajo, no optan por descarte ni hacen una opción por la política social, sino que hacen una opción por el compromiso de los trabajadores en el marco de un modelo de autonomía laboral que propicia el sistema cooperativo”, enfatizó.
