Para informar de forma adecuada sobre el cambio en el proceso penal hay que trabajar con toda la sociedad civil: “hay que hacerlo en primaria, secundaria, con las organizaciones que representan a diferentes colectivos, con los comunicadores sociales”, estableció el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en un seminario desarrollado en la Torre Ejecutiva junto al prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de la OPP, Álvaro García.
En función de este objetivo se realizó el seminario sobre “El proceso penal acusatorio en Uruguay”, que se desarrolló en el Salón de Actos de Torre Ejecutiva. En la apertura estuvieron presentes el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García; y la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Paula Veronelli.
Según Díaz, los cambios impactarán porque Uruguay está absolutamente atrasado en materia de proceso penal. “Somos el furgón de cola de América Latina, porque todos los países reformaron sus procesos penales hacia modelos acusatorios y únicamente queda Uruguay vamos quedando Uruguay y Argentina que, en realidad, tiene una reforma a medio camino entre el modelo acusatorio y el inquisitorio», sostuvo.
El fiscal explicó que el cambio más notorio será el cambio de roles, porque las funciones de investigar y acusar estarán claramente diferenciadas de las funciones de defender y juzgar. El segundo aspecto será el papel de la víctima “que hasta ahora ha sido el gran olvidado del proceso penal”, según sostuvo, porque actualmente no se le reconoce actualmente ningún derecho, es prácticamente un objeto de prueba y no un sujeto durante el proceso.
Sin embargo, en el nuevo Código, si bien no tiene todos los derechos que a su juicio debería tener, como por ejemplo la figura del “querellante”, se le reconoce un estatuto de derechos muy amplio que servirá de contralor a los funcionarios que se desempeñen en la investigación y acusación.
Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, destacó el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el PNUD, la OPP y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional que él preside. En este sentido, señaló que han logrado desde hace tiempo unir los esfuerzos y contribuir al proceso de capacitación para implementar el nuevo Código de Proceso Penal. «Generar las capacidades de los actores en este nuevo código es tan importante como cambiar el ordenamiento jurídico», consideró.
Roballo señaló que el trabajo conjunto se deberá realizar no solo previo a la entrada en vigencia del nuevo código, sino también cuando este se ponga en práctica.
Por su lado, el director de la OPP, Álvaro García, dijo que el organismo que dirige ha llevado adelante dos apoyos bien concretos para el desarrollo del proyecto: la coordinación de políticas pública junto a los tres poderes del Estado y la acumulación de políticas públicas.
Uno de los apoyos es la nueva institucionalidad de la Fiscalía y el otro es el referido al programa de Justicia e Inclusión, recordó.
