La auditoría no describe un tropiezo aislado. Describe un problema de estructura.
El informe, fechado en enero de 2026 y centrado en el período comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 1° de octubre de 2025, revisó el funcionamiento de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), el área del Ministerio de Ambiente encargada de controlar actividades con impacto ambiental, atender denuncias, responder a emergencias y promover sanciones. La conclusión es severa: los controles sobre inspecciones, denuncias, emergencias y sanciones presentan debilidades que afectan la eficacia del sistema y la calidad de la información con la que trabaja el propio Estado.
El dato más delicado aparece en las inspecciones. En 2024 la DINACEA realizó 892 actuaciones, pero la auditoría advierte que los mecanismos de supervisión y monitoreo no alcanzan para asegurar que todos los sujetos de control sean inspeccionados con la periodicidad y el criterio de riesgo previstos. El informe señala, además, que al menos 25 sujetos no fueron inspeccionados en los últimos cinco años y tenían la Autorización Ambiental de Operación vencida. A eso se suma otro vacío: hubo antecedentes con riesgos altos y medios sin evidencia de seguimiento posterior.
La segunda gran falla está en la gestión de denuncias. Entre enero de 2023 y agosto de 2025, la DINACEA recibió 4.622 denuncias; atendió 57% y derivó 43% a otros organismos. En 2024, además, 86% de las denuncias ingresó por la web. Pero detrás de ese volumen hay un sistema precario: la auditoría constató que la División Emergencias y Denuncias utiliza una planilla Excel como principal soporte de registro y seguimiento. Allí no siempre figura el técnico responsable, la prioridad puede quedar mal consignada, no es posible medir con precisión los tiempos de demora y los indicadores se elaboran sobre una base con datos incompletos, inconsistentes y hasta referencias circulares.
La imagen de fondo es inquietante: el ministerio puede recibir una denuncia, pero no siempre puede reconstruir con solidez qué pasó después.
En emergencias ambientales, la auditoría vuelve a marcar una carencia básica. El Ministerio de Ambiente tiene canales de recepción durante el horario de oficina, pero no cuenta con un sistema que asegure la atención oportuna fuera de ese horario, por ejemplo mediante guardias o canales alternativos. Tampoco dispone de un protocolo actualizado ni de una planificación regular de capacitación y simulacros. El informe aclara que la División de Emergencias y Denuncias fue creada a fines del año pasado y está en proceso de implementación, pero la observación sigue en pie: hoy la respuesta no está garantizada las 24 horas.
La última grieta está en las sanciones. Según la auditoría, la información se gestiona por separado en distintas divisiones y no existe un registro consolidado que permita vincular denuncias, inspecciones y sanciones. Eso dificulta seguir cada caso, identificar reincidencias y saber si las multas aplicadas fueron efectivamente cobradas. El informe pone un ejemplo elocuente: de las 4.622 denuncias recibidas entre 2023 y agosto de 2025, solo tres habrían dado lugar a un expediente sancionatorio, aunque otro sistema del organismo registra seis expedientes sin correspondencia clara con esas denuncias.
La auditoría, en definitiva, no cuestiona solo el desempeño de una oficina. Lo que pone bajo la lupa es la capacidad real del Estado para controlar, reaccionar y sancionar en materia ambiental. En un país donde el control depende tanto de inspeccionar a tiempo como de registrar bien y actuar rápido, las fallas administrativas dejan de ser un asunto burocrático: pasan a ser una debilidad del sistema de protección ambiental.
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