El pasado 9 de agosto el Centro Comercial e Industrial de Carmelo presentó ocho preguntas a la DGI sobre las características de las empresas que venden productos en los alrededores de la Capilla San Roque, dentro del programa de festejos oficiales.
La carta firmada por el Presidente del Consejo Directivo del Centro Comercial e Industrial de Carmelo, Juan J. Toscano, fue dirigida a la Directora Regional de la DGI, Silvia Dumestre, al amparo de la Ley 18.381 que se refiere al Derecho de Acceso a la Información Pública.
Fundamento legal
La institución comercial carmelitana hace referencia fundamentalmente a tres artículos, el número 2 » Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales,» y el número 4 «Se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas,» y también al artículo 3 de dicha Ley que dice: «El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.»
Preguntas a la DGI
El Centro Comercial de Carmelo le pregunta a la DGI ¿cuántas empresas están constituidas en los alrededores de los festejos de la Capilla San Roque en Carmelo?. También las características de las mismas, si son monotributistas, unipersonales, sociedades comerciales, etc. En ese sentido quieren saber cuál es el régimen de aportación.
Otra de las consultas apunta directamente a la gestión y control que realiza la DGI en el territorio. Para eso la gremial comercial consulta si en los últimos tres años han existido inspecciones a esas ferias. Buscan conocer si se realizaron inscripciones de oficio y en caso afirmativo si existió un contralor respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias (seguimiento).
A su vez también le solicitan a la DGI información respecto a eventuales clausuras de este tipo de actividad comercial por incumplimientos en ese lugar, en caso de existir piden la cifra de las mismas.
En la batería de preguntas surgen las tarjetas de crédito y para eso quieren conocer si se han realizado transacciones comerciales con éstas.
A nivel de ingresos por tributación piden conocer el monto de los mismos por este grupo de empresas, para conocer qué incidencia tiene en porcentajes la recaudación, en relación al resto de la ciudad.
En definitiva, más allá de cada pregunta, en concreto y en función de la obligación que existe en acceder a la información pública a través de la Ley 18.381 la gremial comercial buscará conocer si la DGI inspecciona y gestiona estas ferias que llegan puntualmente a la ciudad, ocasionando en el comercial local formalmente constituido graves prejuicios.
