El sistema judicial uruguayo se encuentra en un momento crítico tras un violento ataque sufrido por una trabajadora mediadora judicial, que ha llevado a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) a declarar un paro general parcial en todo el país.
El incidente tuvo lugar en Montevideo, cuando un usuario ingresó al despacho de la mediadora judicial y, tras trancar la puerta, sacó una cuchilla y comenzó a proferir insultos y amenazas de muerte. Según Pablo Elizalde, secretario general de AFJU, el agresor intentó maniatar a la funcionaria con un cinturón, recriminándole que el Poder Judicial no había resuelto sus problemas. Este mismo individuo ya había protagonizado previamente un episodio de violencia relacionado con un reclamo por la tenencia de un niño.
A pesar de los esfuerzos de la mediadora por calmar la situación, el agresor sacó otra cuchilla más grande y mostró un bidón de nafta con el que amenazó con incendiar la oficina. En medio del forcejeo, la trabajadora logró escapar y pedir ayuda en la calle, donde fue asistida por transeúntes. La Policía llegó rápidamente y detuvo al agresor.
Este incidente ha puesto en evidencia la preocupante falta de seguridad en muchas oficinas del Poder Judicial, donde se manejan conflictos entre personas sin la presencia de protección policial o guardias de seguridad. «En el momento del ataque, la compañera estaba sola, pero esta situación se repite en muchas oficinas judiciales del país», señaló Elizalde, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, participando en la 112ª Conferencia de la OIT.
En respuesta, la AFJU ha convocado a un paro general parcial para el viernes 14 de junio, de 12:30 a 15:00 horas, en solidaridad con la trabajadora afectada y para repudiar todo acto de violencia contra los funcionarios judiciales. Asimismo, han exigido a la Suprema Corte de Justicia que tome medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los trabajadores judiciales en el ejercicio de sus funciones en todo el país.
Este paro representa un llamado a las autoridades para que aborden de manera urgente la seguridad en el ámbito judicial, asegurando un entorno de trabajo seguro para aquellos que diariamente enfrentan situaciones de alta tensión y conflicto.
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