Valencia (España), 24 abr (EFE).- El abogado uruguayo Fernando Belhot, un testigo clave en un proceso por corrupción en España, declaró este miércoles haber entregado más de dos millones de euros al exministro español Eduardo Zaplana.
Belhot intervino por videoconferencia desde Montevideo en un juicio en Valencia (España) contra Zaplana por supuestas ‘mordidas’ en adjudicaciones a empresas cuando presidía el Gobierno de la región española de la Comunidad Valenciana.
Testaferro confeso del acusado, aseguró que hizo llegar más de 2,3 millones de euros en efectivo, a través de cambistas, a la secretaria de Zaplana durante ocho años.
Este especialista en finanzas internacionales explicó al juez que viajaba cada tres o cuatro meses a Madrid y se entrevistaba con Zaplana para rendir cuentas de unas operaciones que se realizaban sin que mediase contrato u orden escrita alguna.
«Llevaba extractos de las operaciones, se los mostraba y él normalmente los destruía. (…) Era muy cuidadoso, no quería tener nada en su poder que lo vinculase a esos activos», manifestó.
Sobre el regreso de fondos a España, apuntó que «el procedimiento no era muy ágil, se podía demorar un mes o dos, pero era la única forma de hacer llegar dinero ‘vivo’, que era lo que quería el señor Zaplana».
El letrado, uno de los testigos claves de la Fiscalía, entregó a la Justicia española cerca de 6,7 millones de euros que estaban depositados en Suiza titulados por una sociedad uruguaya y que eran propiedad, según aseguró, del exministro.
Zaplana le pidió que no invirtiese parte de los fondos que gestionaba, que los mantuviese líquidos, reveló el abogado, al que contactaron porque Uruguay ofrecía protección a las inversiones y tenía «uno de los mejores secretos bancarios del mundo y menos impuestos».
«No quería hacerlo público por su exposición, porque era miembro de un partido importante en España», comentó.
«Zaplana era extremadamente cuidadoso, en nueve años nunca me envió un solo correo, siempre hablamos por móvil, nunca por escrito», o a través de su secretaria, dijo.
El conocido en España como caso Erial, por el que el acusado estuvo ocho meses y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2019, investiga supuestos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, soborno, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.
Zaplana fue presidente regional de la Comunidad Valenciana, entre 1995 y 2002, año en que fue nombrado ministro de Trabajo en el Gobierno del conservador Partido Popular, hasta 2004. EFE
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