La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados ratificó recientemente un proyecto de ley que prohíbe a los delegados de ciertas comisiones técnicas y administrativas participar en actividades políticas.
Esta medida, que ya contaba con el respaldo unánime del Senado desde diciembre del año anterior, busca garantizar la neutralidad política en órganos binacionales importantes como las comisiones de Salto Grande y del Frente Marítimo, así como las administradoras del Río Uruguay (CARU) y del Río de la Plata (CARP). Estos representantes ahora solo podrán ejercer su derecho al voto, evitando cualquier otro acto de carácter político.
Este proyecto legislativo surge como respuesta a incidentes previos donde se percibió que figuras políticas utilizaban sus cargos en estos organismos, que a menudo ofrecen condiciones más favorables que las de la administración central, para promover sus carreras políticas. Un caso destacado fue el de Carlos Albisu, quien presidía la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y tuvo que renunciar tras una controversia por designaciones directas mientras era candidato a la Intendencia de Salto por el Partido Nacional.
El proyecto también implica que el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y varios ministerios, establecerá directrices claras que las delegaciones uruguayas deberán seguir en términos presupuestarios y de gestión financiera. En una muestra de cohesión política, la propuesta fue aprobada por unanimidad tanto en el Senado como en la comisión de Diputados, reflejando un consenso en la necesidad de esta reforma.
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