La Aduana de Carmelo registró exportaciones por US$ 3.332 millones, mercaderías en tránsito por otros US$ 327 millones e importaciones por US$ 4,5 millones entre el 1.º de enero de 2016 y el 11 de septiembre de 2026.
Son cifras que colocan a la oficina local frente a operaciones valuadas en miles de millones de dólares. Sin embargo, no significan que ese dinero haya ingresado a Carmelo ni que la Aduana lo haya administrado directamente. Los valores corresponden a las mercaderías declaradas en los Documentos Únicos Aduaneros, conocidos como DUA.
La distinción es importante. La Aduana no recibió US$ 3.332 millones ni esa cantidad representa ganancias obtenidas por empresas locales. El organismo registró y controló exportaciones cuyo valor declarado alcanzó esa cifra.
El dato adquiere mayor sentido cuando se observa el territorio comprendido por la Administración de Aduanas de Carmelo. Su jurisdicción no se limita al edificio situado en Zorrilla de San Martín ni al puerto de la ciudad. El directorio oficial de Aduanas incluye dentro de su estructura un servicio específico en la Zona Franca Punta Pereira, donde funciona el complejo industrial y portuario de Montes del Plata.
La propia institución publica un contacto diferenciado para esa dependencia. Esto confirma que una parte de la actividad identificada estadísticamente bajo el nombre “Carmelo” se desarrolla fuera de la ciudad y está asociada a una de las principales plataformas industriales y exportadoras del país.
El cuadro no discrimina productos ni empresas. Por esa razón, no permite adjudicar los US$ 3.332 millones exclusivamente a Montes del Plata. Para establecerlo sería necesario separar las operaciones por código arancelario, año, destino y establecimiento exportador. Sin embargo, la inclusión de Punta Pereira dentro de la Administración de Carmelo ofrece una explicación territorial para comprender una cifra que, observada sin contexto, podría resultar desconcertante.
Cómo se controla esa actividad
La conducción de la Administración de Aduanas de Carmelo está a cargo de una funcionaria, según el directorio institucional. La jerarca ingresó al organismo en 2007 y cuenta con experiencia en comercio exterior, zonas francas, vigilancia, contencioso y administración. Su perfil oficial también menciona formación en valoración aduanera, clasificación de mercaderías, prevención del lavado de activos y supervisión de controles.
La estructura publicada comprende administración, secretaría, contaduría, contencioso, depósito de retenciones, resguardo y el servicio descentralizado de Punta Pereira. No obstante, Aduanas no informa públicamente cuántos funcionarios trabajan en Carmelo, cuántos están asignados a la zona franca ni cómo se distribuyen los turnos.
El control tampoco supone revisar físicamente cada carga. La normativa establece un sistema de controles selectivos basado en análisis de riesgo. La información de las operaciones se procesa por medios informáticos y Aduanas decide qué movimientos requieren verificación documental o inspección.
En las zonas francas, el explotador debe llevar un inventario informatizado de todas las mercaderías que ingresan, permanecen o egresan. Esa información debe ser transmitida en tiempo real a Aduanas e identificar las cargas, los depositantes y los responsables del depósito. El organismo puede controlar la entrada, permanencia y salida de mercaderías y personas, además de disponer de instalaciones dentro del recinto. Así lo establece el Decreto 97/015.
Los controles locales también pueden involucrar a otros organismos. En un procedimiento informado en 2023, funcionarios de la Aduana de Carmelo trabajaron junto con la Subprefectura y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos para detectar un trasbordo irregular de más de 5.000 kilos de pescado. En ese mismo comunicado, Aduanas informó controles de vehículos y pasajeros en el puerto de Carmelo. El antecedente muestra una operativa que combina información previa, vigilancia, inspecciones y coordinación institucional.
Los datos que Aduanas todavía no muestra
La información pública permite conocer el valor de las operaciones y la estructura formal, pero no alcanza para evaluar si los recursos disponibles guardan relación con la dimensión económica controlada.
No están publicados para Carmelo:
- la cantidad de funcionarios y su distribución;
- los turnos destinados a Punta Pereira y al puerto;
- los vehículos, embarcaciones o equipos de inspección disponibles;
- la existencia de escáneres, cámaras u otros sistemas de vigilancia;
- la cantidad anual de controles físicos y documentales;
- las observaciones, infracciones o diferencias detectadas;
- el costo operativo de la administración.
Allí aparece una segunda noticia detrás de los US$ 3.332 millones. La Aduana de Carmelo ocupa una posición mucho más relevante de lo que su presencia urbana permite advertir: registra y controla una parte considerable del comercio exterior asociada a una jurisdicción que llega hasta Punta Pereira. Pero la dimensión de los recursos humanos y tecnológicos utilizados para vigilar ese movimiento no se encuentra disponible con el mismo nivel de detalle que las cifras económicas.
Conocer esos recursos permitiría responder la pregunta central que dejan los datos: cómo una administración radicada en Carmelo controla operaciones de semejante valor y si dispone del personal y el equipamiento necesarios para hacerlo.
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