Por Elio García
La Policía de Carmelo, ha implementado una serie de operativos de control en la vía pública, durante los cuales solicitan a los ciudadanos su identificación e incluso proceden a tomar fotografías con dispositivos móviles.
Estas acciones han sido confirmadas por el Jefe de Policía de Colonia, quien asegura que se realizan en el marco legal establecido por la Ley Orgánica Policial y la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Según el Jefe de Policía, estas medidas forman parte de una estrategia preventiva ante una reciente ola de hurtos en la zona. Sin embargo, ha especificado que no en todos los controles se toman fotografías, y que no constituyen una práctica habitual en las operaciones de identificación. Añadió que la información recabada se integra en el Sistema de Seguridad Pública.
A pesar de estas afirmaciones, fuentes confiables han indicado a Carmelo Portal que las fotografías tomadas por los agentes del (PADO) Programa de Alta Dedicación Operativa, podrían estar siendo compartidas en un grupo de WhatsApp exclusivo del cuerpo policial. El Jefe de Policía ha reconocido el uso de esa tecnología móvil en sus operaciones, aunque no ha confirmado la circulación de dichas imágenes en la red social de mensajería instantánea, mencionando que se llevarán a cabo investigaciones para determinar el contenido de las fotografías subidas por los agentes.
Además de los celulares, la policía utiliza cámaras GoPro para registrar sus operativos, cuyo material gráfico se almacena en una base de datos específica. La metodología de selección de las personas a interceptar sigue siendo un aspecto no revelado, generando interrogantes sobre posibles criterios de discriminación en la selección.
Qué dicen abogados penalistas y expertos en seguridad pública?
Desde el punto de vista legal, abogados penalistas aconsejan a los ciudadanos afectados por estos controles que, además de acudir a la Seccional Policial para presentar quejas, también se dirijan a la Fiscalía.
Existe preocupación en cuanto al manejo y acceso a la información almacenada en la base de datos de la policía, aunque desde la institución se asegura que la misma está gestionada por personal capacitado y seleccionado, y que su acceso está restringido y protegido por contraseñas.
Tanto expertos en seguridad pública como abogados penalistas locales cuestionan la necesidad y justificación de tomar fotografías a las personas interceptadas en la calle, argumentando que la documentación proporcionada debería ser suficiente para los fines de identificación por parte de la policía.
Esta situación ha generado un debate sobre la legalidad y ética de tales prácticas, así como sobre las posibles implicaciones en términos de privacidad y derechos civiles.
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