La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó este viernes su 77 Asamblea General con la aprobación de una batería de documentos que muestran que la libertad de prensa no pasa por su mejor momento y las finanzas de los medios tampoco.
La próxima reunión anual de este organismo formado por más de un millar de medios de comunicación y con sede en Miami tendrá lugar en Madrid en octubre de 2022 y estará encabezada por Jorge Canahuati, que seguirá siendo presidente de la SIP por un nuevo mandato.
La Comisión de Nominaciones, formada por expresidentes del organismo, decidió mantener a la actual directiva por un año más, algo que Canahuati, del grupo OPSA de Honduras, agradeció en un discurso final en el que hizo hincapié en la dicotomía que viven los medios y en el daño causado por la pandemia.
Según Canahuati, mientras que los medios fueron reconocidos como nunca por las audiencias y como el sostén de la democracia, la covid-19 los debilitó económicamente a ellos y a los anunciantes.
El presidente de la SIP mencionó un dato de la ONU, que en 2020 hubo pérdidas de 30.000 millones de dólares solo los periódicos, para decir que las empresas del sector están «en emergencia».
Otras expresiones negativas, como «semestre desastroso», «claro retroceso» o «entorno asfixiante», se han escuchado en estos cuatro días de reuniones virtuales al revisar el estado de la libertad de prensa en el continente.
EL TRIÁNGULO DONDE DESAPARECIÓ LA LIBERTAD DE PRENSA
«Hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y muerte. Ejercer el periodismo cada vez es más peligroso en países cuyas democracias se degradan lentamente», dijo la Asamblea General en sus conclusiones.).
Nicaragua, Cuba y Venezuela aparecen en los informes de la SIP como los países del continente donde ese derecho fundamental no existe y por eso merecieron cada uno una resolución de la 77 Asamblea.
Sin embargo, en la mayoría de los países hay restricciones y solo dos de 22, Uruguay y Chile, alcanzan el nivel de libertad de prensa plena, según el Índice de Chaputelpec, que es elaborado por expertos de la Universidad venezolana Andrés Bello para la SIP.
En la resolución sobre Nicaragua aprobada hoy, la SIP condena al Gobierno de Daniel Ortega por sus «ataque desmedidos contra la sociedad civil» y la libertad de prensa y le reclama la liberación «inmediata» de los presos políticos y «elecciones libres y transparentes», además de la devolución de los activos del diario La Prensa a sus dueños.
En la referida a Cuba, la SIP demanda al Gobierno que «cese la persecución policial y judicial» contra los periodistas independientes y la práctica de obligarlos al «destierro», y que termine la «represión en la redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso».
En cuanto a Venezuela exige al régimen de Nicolás Maduro el «respeto a la prensa independiente» y el «fin de las agresiones y hostigamiento» contra los medios de comunicación y los periodistas, además de pedirle que reintegre a sus dueños las instalaciones del diario El Nacional, «injustamente intervenido».
PLATAFORMAS QUE SE QUEDAN CON EL PASTEL
No son los únicos varapalos que emite la SIP en sus resoluciones, que tocan los temas más punzantes tratados durante la Asamblea.
La impunidad que rodea a los asesinatos y otros crímenes de periodistas, con resoluciones especiales sobre México y Brasil, las restricciones al acceso a la información, el «mal de muchos» de este continente, y el pago «justo y razonable» por los contenidos de los medios que usan las plataformas forman parte del paquete.
Sobre este último problema, que compromete la sostenibilidad de las empresas periodísticas, la SIP señala que si bien valora las iniciativas de empresas como Google y Facebook tendientes a pagar a medios de algunos países por licencias de contenidos, no son «la respuesta justa e integral que la industria requiere».
Y apunta que los enormes cambios en el acceso a las noticias de las últimas décadas han dado «mayores audiencias a los medios pero permiten a los intermediarios absorber los ingresos que financiaban al periodismo profesional, al concentrar más de un 80 % de la publicidad digital».
Al respecto, llama a evitar «prácticas abusivas» en un mercado donde «las plataformas son a la vez árbitros y jugadores principales» y, si ocurren, investigarlas y sancionarlas.
EL MAL DE MUCHOS: LÍMITES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Sobre las restricciones al acceso a la información, el organismo exhorta a 17 países del continente a cesar con «una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información».
Esas restricciones generan «falta de transparencia, lo cual es contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado», dice la SIP en su llamado a las autoridades de Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.
La resolución indica también que «en muchas ocasiones la información obtenida de oficinas públicas por medios, periodistas y ciudadanos en estos países, son versiones adulteradas, discrecionales y arbitrarias, difíciles de corroborar».
Nueve periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses, de ellos seis en México, uno en Brasil, otro en Colombia y otro en Haití, y la SIP les dedicó a ellos y a todas las víctimas anteriores una resolución.
En ese documento se hace hincapié en que las autoridades tienen el deber de «identificar a todos los responsables de los asesinatos y las desapariciones, y aplicar las sanciones correspondientes, a fin de que no queden en la impunidad y sin justicia».
EFE
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