En Nueva Palmira surgen voces en contra de la realización de un liceo nuevo bajo la modalidad de las PPP (Participación Público Privada).
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) invertirá -en todo el país- unos 400 millones de dólares en la ejecución de 150 obras de infraestructura edilicia mediante la modalidad de Participación Público Privada durante el actual quinquenio de gestión, de acuerdo a lo anunciado por el Presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN), dentro de esas cifras está la realización de un liceo en Nueva Palmira.
Pero desde la propia comunidad docente no están muy de acuerdo con esta forma de invertir en obra pública, algunos incluso denuncian una privatización encubierta. Además argumentan la baja calidad de los materiales que construirán, lo que podría incidir en el funcionamiento futuro.
Mediante las PPP el liceo de Nueva Palmira se construiría con material liviano (steel framing) señalan, contaría con 12 salones, un laboratorio de ciencias y otro de informática, los docentes agremiados se preguntan ¿cómo seran los servicios).
En Nueva Palmira un amplio colectivo no cree en la modalidad de las PPP para construir el liceo y menos en la presentación realizada sobre los materiales a utlizar, piden que se construya «una sólida construcción, con 16 salones. Un laboratorio de informática, 3 laboratorios de ciencias y no uno como proponen con las PPP. Un salón multiuso, batería de baños, biblioteca, cantina, patios amplios, administración, sala de profesores, adscripción, secretaría y dirección, la construcción de un gimnasio; todo eso aparece en un volante que circuló por la ciudad este fin de semana, alertando a la población sobre las diferencias entre estos dos modelos. El que propone el gobierno a través de las PPP y el de la comunidad educativa, que además denuncia, sería construido en un terreno donado por el pueblo plamirense a la ANEP.
Hablan los docentes
En las redes sociales esta noticia generó un debate en donde los profesores advierten de la situación e incluso hasta denuncian algunos «aprietes» por parte de personas vinculadas al gobierno.
El profesor Javier Andrade denuncia en la red facebook que «un día en una actividad, -transcurría el año 2014- me encontré con el secretario del canciller de la República, oriundo de Carmelo, y me expresó con total descaro que en Uruguay no se construían rutas por culpa de los reclamos docentes. Tremendo. Hace unos días atrás, una maestra jubilada de Carmelo ferviente militante del Frente Amplio me recriminó también con total obsecuencia de su parte, de porque yo recordaba en mi muro cuando el Poder Ejecutivo declaró la esencialidad en educación. En estos dos ejemplos, ya queda demostrado como actúan políticos, operadores políticos y algunos militantes de Comité que salen abrazados en fotos a la Ministra Muñoz, respecto a los reclamos y sindicato de profesores.»
El profesor Luis Buenahora se pregunta, ¿la Intendencia ahora aprueba ése tipo de construcción?. Pues la ordenanza no lo contempla,» advierte.
Un liceo no es una carretera
En nota publicada en La Diaria en el mes de junio de este año desde la FENAPES señalaban que “la construcción de los centros queda sujeta a la existencia de interesados que adquieran los pliegos”, y el adjudicatario “por 20 años dirigirá todo lo concerniente a mobiliario, mantenimiento correctivo y preventivo del edificio y los muebles, limpieza rutinaria y profunda, seguridad de predios y edificios, y cuidado de áreas libres”, mientras que “el Estado, por 20 años, efectuará los pagos al adjudicatario correspondiente a los costos de construcción del edificio, así como de los intereses que hagan al rédito de la inversión de la empresa en cuestión”. “¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿Qué organismo público se encargará del contralor de la empresa privada en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos? ¿Cuáles serán la calidad y las garantías ofrecidas por la empresa respecto de la estructura edilicia? ¿Existirá una verdadera autonomía del cuerpo docente cuando el privado sea el dueño de la infraestructura? ¿La gestión de los recursos materiales por parte de un privado permitirá una injerencia en las prácticas educativas?”, preguntaron los docentes durante la asamblea abierta. También se preguntaron, en ese escenario, “qué papel tendrá la Apal”, que es la que organiza todos los años la “Fiesta de la Primavera”, con la que se mantiene en condiciones la infraestructura del liceo, ya que la “caja chica” que les otorga el CES “son 4.000 pesos mensuales, nada más”, con los que deben hacer frente a los gastos de mantenimiento y de limpieza. Por último, señalaron “la colisión del modelo de PPP con la normativa vigente”, ya que “la Ley de Educación dice que el Estado no suscribirá acuerdo o tratado alguno con Estados u organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”. “Un liceo no es una carretera”, publicaba el matutino.
