Los ministerios del Interior y Desarrollo Social, junto a la Suprema Corte de Justicia, presentaron el protocolo de actuación para atender la situación de niños o adolescentes bajo la responsabilidad de personas privadas de libertad. Las once medidas, entre otras acciones, abarcan la detención infraganti o planificada de delito de la persona en presencia o no de un menor y la propia visita a unidades penitenciarias.
“Es un paso adelante muy fuerte en la materia cuyo proceso comenzó en el año 2014, cuando, buscando mejorar la situación de menores con familiares detenidos, analizamos la situación que comenzaba desde la propia detención de la persona”, mencionó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al presentar el protocolo para atender la situación de niños y adolescentes bajo la responsabilidad de personas privadas de libertad aprobado en setiembre de 2016.
Junto a Bonomi, estuvieron: la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak; quienes son partes firmantes del protocolo. Con el objetivo de su aplicación, fueron capacitados 160 funcionarios designados por las instituciones firmantes, quienes replicarán la formación para sus pares.
El protocolo establece la aplicación obligatoria para los organismos, sin perjuicio de la independencia técnica de cada uno.
Los ámbitos de aplicación rigen en la detención infraganti de delito de la persona en presencia o no de un menor, detención planificada de la persona en presencia o no de menor, detención a espera de resolución judicial, procesamiento con prisión durante la permanencia en unidades de ingreso, diagnóstico y derivación, alojamiento en unidades de internación de mujeres con hijos, alojamiento de una mujer embarazada en unidades de internación, nacimiento de niños cuya madre esté internada en la unidad, visita y contacto en la unidad de internación, gestión de visita de los menores, aplicación de arresto o prisión domiciliaria, preegreso de una persona privada de libertad y excarcelación de la persona, detalló la asesora del Ministerio del Interior en materia penitenciaria, Rosario Burghi.
Explicó que es producto de un trabajo en el que participaron: el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la Comisión Especial para Seguimiento de Situación Carcelaria del Poder Legislativo, el comisionado parlamentario, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sumado al apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
“Es la primera vez que se firma un protocolo por parte de los tres poderes del Estado atendiendo la protección integral de niño, niña o adolescente en esta situación especial de vulnerabilidad”, definió la funcionaria. “Uruguay demuestra la capacidad de articulación a efectos de tratar un tema tan complejo en menores cuando sus referentes terminan privados de libertad. El protocolo mejora las condiciones en que tratamos a estos niños para evitar la reevictimización y la vulneración de sus derechos”, remarcó, por su parte, Jorge Chediak.
