El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) ha manifestado su preocupación por la reciente aprobación de una nueva ley de medios en Uruguay, que considera un retroceso significativo en la libertad de expresión. La normativa, aprobada el 14 de mayo por el Senado, contó con el respaldo unánime de los 16 legisladores presentes de la coalición de gobierno y la ausencia total de la oposición.
Según CAINFO, la ley fue aprobada sin una discusión previa en la Comisión de Industria, sin aviso a la bancada opositora y sin consultas a delegaciones sobre su contenido. Este nuevo marco legal, que aún debe ser ratificado por la Cámara de Diputados, incluye una disposición que obliga a los medios a ofrecer información, análisis, opiniones y comentarios de manera imparcial y equilibrada, según lo sugerido por Cabildo Abierto. Este partido había propuesto previamente un mecanismo de control de contenidos mediáticos asignado a la Corte Electoral, con potestad para aplicar sanciones y multas.
CAINFO alerta que esta reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos y contraviene los estándares interamericanos de libertad de expresión. Entre las consecuencias previstas se incluye el aumento de la concentración de medios, la extranjerización de su propiedad y la eliminación de la participación pública y el control ciudadano en la adjudicación de frecuencias.
En su último informe sobre amenazas y restricciones a la libertad de expresión, publicado el 3 de mayo, CAINFO ya había advertido sobre la proliferación de propuestas regulatorias contrarias a los estándares internacionales y sus posibles impactos negativos en la calidad democrática, especialmente durante el proceso electoral.
Por estas razones, CAINFO rechaza enérgicamente la nueva normativa que sustituye a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en un proceso participativo y con el asesoramiento de expertos y organismos internacionales. La organización subraya que la nueva ley se ha aprobado sin una discusión adecuada y es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay en materia de derechos humanos.
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