En un reciente decreto promulgado por el Poder Ejecutivo de Uruguay, con fecha del 31 de enero de 2024, se establece una nueva medida que impacta a los viajeros marítimos y fluviales. A partir de ahora, quienes ingresen o salgan del territorio uruguayo a través de servicios de transporte marítimo o fluvial comercialmente autorizados, se verán obligados a abonar un «Precio por Servicio de Seguridad» que asciende a US$ 2,10, adicionando el valor correspondiente del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Este mandato surge en respuesta a la creciente necesidad de implementar un sistema avanzado de control fronterizo que permita un seguimiento detallado de los pasajeros que entran y salen del país, además de facilitar un análisis meticuloso de perfiles de riesgo. Este esfuerzo busca modernizar y asegurar las fronteras uruguayas, optimizando así la seguridad de los ciudadanos y visitantes.
La recaudación del mencionado «Precio por Servicio de Seguridad» recaerá sobre las empresas de transporte marítimo y fluvial que operen dentro de los confines portuarios de Uruguay, quienes serán responsables de su cobro y retención. En el caso específico de los cruceros, esta tarea será asignada a las agencias marítimas correspondientes.
La introducción de esta tasa no ha sido recibida de manera uniforme, provocando expresiones de preocupación por parte de la Asociación Turística del Departamento de Colonia. A través de una comunicación directa al presidente Luis Lacalle Pou, la asociación ha señalado el posible «impacto negativo» que este incremento podría tener en el sector turístico, subrayando la importancia de evaluar las repercusiones económicas de tales medidas en una industria vital para el país.
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