El anuncio de un juicio político a la jefa del Gobierno local de Montevideo, Carolina Cosse, del Frente Amplio, abrió en los últimos días una nueva discusión en la política nacional.
El pasado 7 de octubre, los ediles de la Junta Departamental que integran los partidos de oposición tomaron esta decisión al entender que la intendenta violó la Constitución de la República.
Diego Rodríguez, edil por el Partido Nacional, indicó este lunes a EFE que Cosse debía concurrir ese día al legislativo departamental a brindar explicaciones sobre determinados asuntos tras haber sido llamada a sala.
«Nosotros hemos utilizado todos los mecanismos posibles para que la intendenta de Montevideo concurra a la Junta Departamental. Esta fue la tercera ocasión en la que se la llamó a sala», apuntó.
De acuerdo con esto, agregó que, a diferencia de lo ocurrido en anteriores oportunidades, en las que fue representada por «allegados políticos o técnicos», esta vez Cosse debía ir luego de no haber respondido los pedidos de informes que se le habían hecho.
«Al no concurrir, hemos tomado la decisión de iniciar un juicio político ya que es una herramienta que nos da la Constitución para que la intendenta concurra a la Cámara de Senadores a los efectos de responder por qué se toma estas atribuciones de no concurrir a sala a explicar lo que tiene que explicar», afirmó Rodríguez.
Y añadió: «Carolina Cosse es una mujer que no le gusta que la controlen, por eso los pedidos de informe está sin contestar, muchos fuera de tiempo y forma, en algunos haces diez preguntas y te contesta una».
Por su parte, la intendenta publicó un video en sus redes sociales ante lo que consideró «un atropello republicano».
«Es un hecho inusitado y de una animosidad política sin precedentes. Estas figuras están previstas en el caso de delitos o de violación de la Constitución. Ninguna de las dos cosas sucedió. Lo que si sucedió es que la Intendencia respondió todos los pedidos de informe», dijo Cosse.
Explicó que estos fueron 234 en 2021 y otros 234 en 2022, de los que no se contestaron nueve porque aún se está en plazo de hacerlo.
Asimismo, la intendenta apuntó que la única explicación que encuentra ante esta situación es que «se quiere distraer y confundir a la ciudadanía».
Ahora, la Cámara de Senadores de Uruguay deberá decidir si la decisión de llevar a cabo el juicio político podrá seguir adelante, para lo que deberá contar con la aprobación de dos tercios de los parlamentarios que la integran.
En dicha Cámara, 17 senadores pertenecen a la coalición de Gobierno encabezada por el Partido Nacional -que es opositora en Montevideo- y otros 13 al Frente Amplio. (EFE)