El registro a una emisora de radio en Montevideo, ocurrido en febrero pasado, generó «conmoción a la opinión pública y en los medios de comunicación», según el informe provisional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que comienza este martes su reunión semestral.
No obstante, el texto, que aún está pendiente de aprobación durante el encuentro, reconoce que «no se registraron hechos sistemáticos de agravios contra la libertad de prensa» en el país.
El informe provisional de la SIP se refiere al registro del estudio de FM Azul después de que el periodista Ignacio Álvarez difundiera en su programa «La Pecera» del 1 de febrero grabaciones de audio relacionadas con un caso, en plena investigación, de violación grupal a una mujer.
Además de denunciar que esos audios no estaban entre las pruebas del caso, políticas y colectivos feministas señalaron que el programa presentaba a la víctima como partícipe de un acto consensuado y que «la difusión de grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, es delito».
Por ese motivo, la fiscal Mariana Alfaro solicitó a la jueza Patricia Rodríguez Barreto «el allanamiento de la Radio Azul y de la casa del periodista», rememora el informe, además de «la incautación de los dispositivos electrónicos (celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (pendrives y discos duros).
Tras las numerosas críticas a la acción de la fiscal y la jueza, «bajo argumentos de que se estaba censurando a un medio de comunicación y contraviniendo principios constitucionales sobre la libertad de prensa», continúa el texto, «la justicia dio marcha atrás a las investigaciones y archivó el caso».
A finales de enero, una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de una violación grupal en Montevideo tras haber conocido a un hombre en un bar e ir a su apartamento para mantener relaciones sexuales con él.
Según la víctima, otros dos hombres entraron en el lugar y entre los tres la violaron, versión ratificada por la pericia forense cuando la mujer fue atendida por las emergencias y denunció el ataque.
Por el caso, en el que también estaba involucrado un menor de edad, tres adultos fueron imputados el 4 de febrero «por abuso sexual especialmente agravado» y enviados a prisión preventiva por un máximo de 180 días.
El encuentro de medio año de la SIP, que se celebra de manera virtual hasta el viernes 22, se centrará en los ataques a la libertad de prensa, que se han multiplicado de manera preocupante, especialmente en México, y la sostenibilidad de los medios de comunicación en medio de la crisis que afecta a la industria.
EFE