Por 26 votos en 30 ediles presentes la Junta Departamental sancionó el viernes el proyecto de decreto por el que se aprobaba el acuerdo transaccional suscrito entre la Intendencia de Colonia y los propietarios del terreno expropiado donde fue edificado el nuevo Hospital Departamental.
La comuna había sido sentenciada por el Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Colonia de 2° Turno y en 2ª instancia por un Tribunal de Apelaciones a pagar una cifra cercana a los 2:500.000 dólares por el terreno (Padrón N° 10.490 de la capital departamental) que en 2008 había sido «donado» por la IDC al MSP sin ser propietaria del bien.
La edil Malvina Sarett (P. Colorado – Ciudadanos) confirmó en el plenario el voto favorable de los dos representantes de su partido, marcando que “si bien la figura del Intendente se vio afectada ante irregularidades, también así las otras partes involucradas, como los asesores, personal de confianza y funcionarios de Catastro que no vieron ni percibieron el error que se estaba cometiendo”.
“En lo personal voto afirmativamente porque Colonia necesitaba un nuevo Hospital. Este no es el proyecto original, donde se contaba con un CTI tanto para adultos como para niños, helipuerto, y más, pero es un comienzo. Ante esta emergencia sanitaria nos damos cuenta de lo importante que ha sido contar con este nuevo edificio, que desde su inauguración ha ido mejorando sus servicios”, sostuvo.
En parte de su alocución, Sarett sugirió “iniciar gestiones, si aún no se hizo, para que la Intendencia de Colonia obtenga el terreno donde se ubicaba el viejo Hospital. Entendemos que sería bueno para recuperar parte de lo invertido”.
Por su parte, el edil Gabriel Gabbiani (P. Colorado – Ciudadanos) dijo que “señalamos las graves irregularidades de la ‘adquisición’, traspaso del bien y lo que siguió de parte de tres administraciones municipales, las dos de Zimmer y la anterior de Moreira, del MSP y de ASSE, todos responsables del resultado judicial mencionado en desmedro de los recursos de la comuna y, por lo tanto, de los contribuyentes”.
“Las irregularidades a nivel nacional comenzaron ya en octubre de 2009, previo a las Elecciones Nacionales, cuando la ministra María Julia Muñoz puso la piedra fundamental del edificio y anunció que el inicio de la construcción era inminente. No sucedió y luego, en marzo de 2013, el gobierno nacional anunció que las obras estarían finalizadas en 2014, lo que tampoco aconteció”, recordó.
El 9 de agosto de 2017 “se creó una Comisión Investigadora en el Parlamento para investigar la gestión de ASSE desde 2008 y una presunta estafa al Fondo Nacional de Salud (FONASA). La misma culminó un año más tarde, el 6 de agosto de 2018, y el entonces oficialista FA se negó a votar una prórroga para seguir investigando. De esa manera quedó trunca la investigación de prácticamente todos los temas, entre ellos la gestión de varios hospitales, incluido el de Colonia”, mencionó.
“En setiembre de 2017 los usuarios denunciaban rajaduras, humedades y otros problemas estructurales en el edificio en construcción, a pesar de lo cual, en diciembre de 2018, el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, recibió oficialmente la llave. El 9 de mayo de 2019 el hospital fue inaugurado, aún sin terminar. Era una obra que se había anunciado a un costo de 20 millones de dólares y que terminó costando más de 40 millones. Y nuevamente en febrero de 2020 ya los usuarios daban cuenta de la inundación del subsuelo donde se encontraban equipos de alto valor, por el ingreso de agua de lluvia y otros problemas que comenzaban a hacerse visibles”, expresó Gabbiani.
Más allá de ello, el edil colorado explicó que “la Suprema Corte de Justicia (SCJ) intervino a fin de resolver el recurso de casación en materia civil interpuesto contra ambas sentencias, y definió que no existía una infracción ni una errónea aplicación de la norma de derecho, ni en el fondo, ni en la forma”. Por tanto, continuó, “en 3ª instancia ratificó la sentencia obligando a la Intendencia a pagar. Demandantes y demandada realizaron concesiones y lograron un acuerdo consistente en el pago de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de 194.179 dólares cada una, por un total de 2:330.146 dólares. La validez del mismo quedaba sujeta a la aprobación por parte de la Junta Departamental”.
Y en tal sentido, destacó, “no había nada que objetar. Cuando la Justicia habla, y máxime como en este caso que la sentencia era irrevocable, el caso está cerrado. De tal forma, a la Junta sólo le quedaba aceptar o no el acuerdo transaccional entre las partes. Ese y no otro era el rol de la Junta, y entendimos que era conveniente aprobar el mismo. De esta manera, la Junta en su actual integración dio por finalizado un litigio que se arrastraba desde 2008 y que cada mes que la Intendencia no pagaba generaba intereses de 7.000 dólares”.
Respecto a la actitud de exaltación de algún edil, Gabbiani dijo que “como es habitual, alguno elevó el tono, cosa lógica si se quiere en un ámbito político. Pero además se imputaron delitos, creemos que de manera imprudente, acusando en este caso a las dos partes involucradas de cohecho. Acusar a una autoridad, en este caso la Intendencia, de ser sobornada por un particular a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo, particularmente no creo que sea este caso. Pero ese punto es ajeno a la Junta. Las partes involucradas decidirán si llevan esto ante la Justicia, aunque es claro que no se puede hacer acusaciones e imputar delitos irreflexivamente, y mucho menos sin tener pruebas, porque ello tiene un costo que tarde o temprano se paga”.
Ambos ediles destacaron, asimismo, el trabajo que durante varios años realizó la diputada Nibia Reisch (P. Colorado – Ciudadanos) junto con la Comisión de Usuarios en procura de la instalación del Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) en el nuevo hospital, tal como estaba previsto en el proyecto original, posibilidad que fuera descartada por las autoridades del Gobierno anterior con el argumento de apuntar a complementar servicios entre la salud pública y la privada y que, sin embargo, se concretó en la actual administración.