Durante la discusión que llevó varias horas, el proyecto fue finalmente aprobado tras pasar primero por la Cámara de Senadores y luego por la de Representantes (Diputados).
Si bien el proyecto en general contó con la votación afirmativa de todos los parlamentarios, gran parte de su articulado solo fue aprobado por los miembros de los cinco partidos que integran la coalición de Gobierno: Partido Nacional , Partido Colorado , Cabildo Abierto , Partido Independiente y Partido de la Gente , que solo tiene representación en Diputados.
Entre otras cosas, la ley prevé exoneración de 50 % de aportes patronales a seguridad social en industria y comercio a empresas que ocupen menos de 19 empleados directos y facturen menos de un millón de dólares.
También se exonera por el mismo porcentaje los aportes patronales jubilatorios a empresas de determinados sectores como cantinas escolares, organizadores de fiestas o sectores turísticos.
Con todas las exoneraciones que existirán en diferentes periodos -algunos van de enero a junio, otros de abril a junio y algunos alcanzan hasta diciembre- la Dirección General Impositiva (DGI) tendrá pérdidas en su recaudación.
Sin embargo, el proyecto estima que dichas pérdidas serán solventadas por el Fondo Coronavirus, donde tanto el Gobierno como privados recaudan dinero para combatir la pandemia.
Si bien los socios de la coalición votaron a favor y, como el caso de legisladores del PN y el PC destacaron la muestra de sensibilidad del Ejecutivo por incitar las exoneraciones, hubo quienes mostraron cierta disconformidad.
Así fue el caso del senador de CA Guido Manini Ríos quien sostuvo que las medidas, pese a ser buenas, se quedaron cortas y tendrían que haber alcanzado a más empresas medianas.
Por su parte, la diputada del opositor Frente Amplio Bettiana Díaz, explicó que su partido votó a favor del proyecto en general y en contra de algunos artículos porque los creen insuficientes.
«Las medidas siguen siendo tardías, insuficientes y condenan a las pequeñas y medianas empresas de Uruguay a nadar para morir en la orilla», enfatizó.
La votación se dio en una intensa sesión en la que también se puso sobre la mesa el proyecto de ley en el que se limitará el derecho a reunión en las aglomeraciones que presenten riesgo sanitario por 120 días.