El Frente Amplio presentó un proyecto de ley alternativo tras negarse a apoyar la propuesta del Gobierno uruguayo que pretende regular el derecho de reunión debido al aumento de casos de la covid-19.
Así lo afirmó el presidente de la fuerza política opositora, Javier Miranda, quien consideró que este proyecto presentado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou es «francamente inaceptable».
«Está muy mal fundado. El artículo 38 no prevé razones de interés general, prevé razones especificas de seguridad, de salubridad. Es un muy mal proyecto sin garantía ninguna», apuntó.
El Gobierno pretende durante 60 días -prorrogables 30 más- limitar el derecho de reunión, reflejado en el artículo 38 de la Constitución, según el proyecto de ley que envió al Parlamento para su análisis y aprobación.
Frente a ello, el FA considera que esto no es un problema de seguridad sino de salud y por ello, quienes deben decidir cuándo una reunión de personas pone en riesgo la situación sanitaria son las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y no Interior.
«La alternativa que presenta el Frente Amplio es ‘vayamos por el artículo 44 de la Constitución’, que establece que es la autoridad sanitaria quien debe velar por la salud», apuntó Miranda.
Desde su punto de vista, esto permitirá dar potestades a las autoridades sanitarias y se impediría ambigüedad en la actuación policial.
«La actuación policial debe estar clara, el funcionario policial debe tener claro cuándo actuar y no dejarlo a la discrecionalidad del propio funcionario policial si la situación genera riesgo o no», explicó.
Miranda opinó también que el conjunto de medidas que presentó el Ejecutivo, entre las que se incluyen la suspensión de espectáculos públicos o prohibir el ingreso de uruguayos y residentes al país, son «notoriamente insuficientes» y ausentes en lo que refiere a las ayudas sociales.
En tanto, el senador del FA Charles Carrera afirmó, durante el debate en el Parlamento, que su fuerza política tiene el compromiso de «buscar soluciones» y colaborar con el Gobierno.
Sin embargo, Carrera opinó que el proyecto del oficialismo es «genérico e impreciso», ya que existe «demasiada vaguedad» en el concepto de aglomeración y eso puede dar lugar a «criterios dispares» en su aplicación.
Asimismo, Miranda y Carrera coincidieron en que no puede impedirse el ingreso de ciudadanos uruguayos al país, ya que eso trae un problema de «derechos fundamentales» y habría que estudiar si ese artículo es constitucional.
Tras nueve meses de emergencia sanitaria, Uruguay vive su «primera ola». Desde el 13 de marzo, cuando aparecieron los cuatro primeros positivos de covid-19, Uruguay registra 11.436 personas contagiadas (3.925 de ellas activas) y 105 fallecidas.
EFE