Por Daniel Abelenda
Primero fue el Ministro de Trabajo y Seguridad Social (y frustrado precandidato presidencial) Ernesto Munro, cuando advirtiera que de ganar un candidato de la oposición, “se perderían muchas conquistas sindicales, incluyendo la negociación tripartita de los Consejos de Salarios, que ni blancos y colorados van a convocar si son gobierno.”
Tal vez Munro no recuerda –o no quiere hacerlo- que los Consejos de Salarios se crearon por una Ley de 1943, durante el gobierno del Dr. Juan José de Amézaga del Partido Colorado. O que un Decreto-Ley de 1968 firmado Jorge Pacheco Areco, estableció la obligatoriedad del Salario Mínimo Nacional para todas las categorías y ramas de trabajadores.
La semana pasada, se sumó a esta campaña de alertar a la ciudadanía los males que caerán si triunfa Luis Lacalle Pou o Ernesto Talvi en las próximas elecciones, la Ministra de Educación y Cultura, Dra. Julia Muñoz, una de las personas más cercanas al Presidente Tabaré Vázquez, y que ocupara la cartera de Salud Pública en su primer gobierno (2005 – 2010).
Muñoz fue más lejos aún, y sumó un argumento que el FA ha reiterado estos años para diferenciarse de blancos y colorados; asimilarlos (ignorando una historia propia de 183 años) y agruparlos en un bloque conservador, de derecha: “Si gana el Partido Rosado, el pueblo va a perder todo”, afirmó rotundamente.
Y en uno de los puntos más sensibles de la campaña electoral que entra en sus dos meses finales, pues involucra a miles de personas que reciben Planes Sociales (bienes, prestaciones y/o dinero, que el Gobierno financia con los impuestos que todos pagamos), la responsable del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), Marina Arismendi, dijo que esos planes “se verían seriamente recortados” de perder el FA.
La bancada oficialista ha bloqueado los intentos de la oposición de crear una Comisión Investigadora para el MIDES, donde se han detectado varias irregularidades en la asignación de sus cuantiosos recursos, en cientos de Proyectos, Planes y Programas, que han sido en su mayoría, tercerizados (¡una mala palabra para la izquierda!) a un número increíble de ONGs., casi todas creadas a las apuradas, sin publicidad ni licitación pública, y a cuyo frente, siempre están -¿casualidad?- militantes o dirigentes frenteamplistas.
Es que para el discurso oficialista, las políticas sociales en el Uruguay, comenzaron en 2005. Antes no había Asignaciones Familiares, ni Seguro de Paro o por Enfermedad, ni CAIFs, ni Escuelas de tiempo completo, ni Liceos Departamentales, ni Centros Regionales de Profesores…
Todo esto lo inventó el FA pues es el único partido (coalición de partidos y movimientos, en verdad) cuyos dirigentes tienen la “sensibilidad social” -como dijo el Ing. Daniel Martínez- para ayudar a los sectores más necesitados desde un Estado de Bienestar que en Uruguay, lleva sólo 14 años. Los gobiernos anteriores fueron funcionales a la oligarquía y las clases dominantes.
Tal vez a los más jóvenes, les pueda parecer creíble esta versión, pues su memoria no abarca más que la última década, es decir, los tres gobiernos del FA. Ellos no tienen con qué comparar estas Administraciones, beneficiadas hasta 2015, por una bonanza que vino de afuera, y que sin embargo, gastó muy mal, no invirtió en infraestructura e hizo crecer la Deuda Externa.
Para la generación de 40 y más, la simplificación de la realidad y este relato en blanco y negro, que falsea groseramente la historia de la primera Socialdemocracia del continente (y del mundo), representa un insulto a nuestra inteligencia.
Intentar ganar una elección apelando al miedo de la ciudadanía por perder las conquistas sociales que el Batllismo impulsó a comienzos del Siglo XX, que otros sectores y partidos (los Fundacionales y el FA) consolidaron y ampliaron –y que todos sabemos van a seguir- es muy poco ético.
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