Uruguay Transparente (UT) recepcionó una denuncia ciudadana sobre una presunta irregularidad en una resolución de la Junta Departamental de Maldonado, al asignar una partida mensual de dinero a los sectores políticos sin rendición de cuentas.
En ese sentido, UT analizó el fundamento desarrollado por los ediles que aprobaron esa medida, el pronunciamiento sobre el tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la respuesta de la Corte Electoral al denunciante y las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas a esa decisión.
A partir del análisis de los distintos documentos, Uruguay Transparente entiende necesario comunicar a las autoridades y a la opinión pública su categórico rechazo a la resolución aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en julio de 2015, dado que viola en forma flagrante la normativa específica sobre el financiamiento de los partidos políticos que contempla de modo exclusivo el pago de una partida anual por voto obtenido.
Esta resolución, además desconoce el carácter honorario de la función de los ediles. UT entiende que esta resolución se aparta de los principios básicos de la transparencia y la ética pública.
La extemporánea y abusiva resolución de la Junta de Maldonado, sea el beneficiario final el sector político o sean los propios ediles, incurre en lo que establece la ley Anticorrupción (Nº 17.060) cuando define corrupción
como “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado.” Cabe aclarar que la citada partida representó desde su puesta en práctica en julio de 2015, una erogación de dinero de más de un millón de dólares.
La resolución, aprobada por la unanimidad de ediles presentes en la sesión (29 en 29), adquiere mayor gravedad institucional porque habiendo sido advertidas las máximas autoridades nacionales partidarias, no ha habido por parte de éstas otra reacción que la del silencio e indiferencia, en claro respaldo, de hecho, sobre lo actuado por sus representantes departamentales, y preservando así este privilegio.
Uruguay Transparente reclama la inmediata derogación de esa resolución que supone un severo revés al ordenamiento jurídico-institucional y a la transparencia en la gestión de los dineros públicos.