El Gobierno y los funcionarios judiciales finalizaron las negociaciones por incrementos salariales con la firma de un convenio que otorga un 18,8 % acumulativo para pagar en 2018 y 2019 y establece beneficios sociales, como licencias por maternidad, centros de cuidados para niños, atención odontológica, lentes, prótesis, órtesis y atención en el Hospital de Ojos José Martí.
Por el acuerdo, se erogará en 2018 aproximadamente 20 millones de dólares y en 2019 de unos 23 millones de dólares. A partir de 2020, únicamente el pago de los aumentos salariales, unos 18 millones de dólares. El convenio también genera aumentos salariales del 5 % en 2018 y otro de 5 % en 2019, agregados al aumento retroactivo del 7,76 %. Al ser aumentos acumulativos, el porcentaje final de aumento salarial es de 18,8 %.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, enumeró los beneficios sociales, como mejoras en las licencias por maternidad y medio horario de cuidado a recién nacidos, salas de lactancia, atención odontológica, servicio de guardería, beneficios de lentes, prótesis y órtesis, y acceso al Hospital de Ojos, que fue agregado en 2015.
Murro precisó que este es el segundo convenio que el Ministerio de Trabajo firma con la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Suprema Corte de Justicia. Aseguró que el convenio se estableció luego de asambleas y plebiscitos de la Federación de Funcionarios Judiciales y detalló que continúa con el que ya se firmó con la Asociación de Jueces y de Magistrados, la Asociación de Fiscales, de Defensores de Oficio, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Asociación de Funcionarios Informáticos del Poder Judicial.
El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, subrayó: “Una vez instrumentado, el convenio permitirá mirar para adelante en el funcionamiento de un poder independiente y relevante como el Poder Judicial que permitirá enfocarse en los desafíos pendientes como la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que lleva mucho esfuerzo y dedicación”.
Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, subrayó que este conflicto se resolvió por la vía de la democracia sindical, con participación activa de los trabajadores, «sin ninguna intervención que no fuera su libre voluntad y libre ejercicio del voto para decidir si el convenio contemplaba sus aspiraciones, sabiendo que en toda negociación colectiva no se obtiene el 100 % de lo que se pretende, sino el máximo que la negociación permita». Y finalizó: «Con madurez el sindicato lo pudo procesar, con la votación de la mayoría de los afiliados a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay».
